Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider

Se trata de un empleado del Congreso y de un primo del ex senador. Ambos habrían formado parte de una empresa que la Justicia considera una pantalla para disimular ingresos irregulares

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Daniel González, socio de Kueider (Crédito: Diario rio Uruguay)

Los dos presuntos testaferros de Edgardo Kueider fueron excarcelados por una decisión de la Cámara Federal de San Martín. Se trata de Daniel González (alias Gonzalito o Pajarito), un empleado de la Biblioteca del Congreso, y Javier Ernesto Rubel, primo del ex senador entrerriano.

En distintas etapas, ambos fueron socios de Kueider en la empresa Betail SA. Esta firma figura como dueña de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en Paraná. Según consta en el expediente judicial, la empresa no tuvo nunca giro comercial, por lo tanto, no podía generar recursos. Además, ninguno de los socios tenía ingresos para justificar la integración del capital.

La presunción de la Justicia es que Betail, una empresa que se fundó para actividades agropecuarias, fue una fachada que le permitió a Kueider comprar inmuebles que no podía justificar. Asimismo, habría servido para ingresar en el circuito legal dinero que en el expediente judicial se considera ilegal.

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Betail “simulaba realizar actividades agropecuarias que jamás desarrolló (...) Su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”, puntualizó la investigación. La causa tramita en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y con Fernando Domínguez como fiscal.

La camioneta Chevrolet que manejaba Kueider pero estaba a su nombre de su socio y amigo, Rodolfo Daniel González

“Su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”, puntualizó la investigación. La causa tramita en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y con Fernando Domínguez como fiscal.

Ambos socios de Kueider fueron detenidos en el Penal de Ezeiza por orden de Arroyo Salgado en marzo del año pasado. Unos meses después lograron el arresto domiciliario. Y a mitad del 2025 fueron excarcelados por la Cámara Federal de San Martín.

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¿De qué se los acusa?

González fue el primer socio de Kueider en la firma que el ex senador compró en diciembre de 2019, a pocos días de asumir. Figuró como presidente de la sociedad durante unos meses.

Pasado este tiempo, hubo un traspaso de acciones de “Gonzalito” a Rubel. El nuevo presidente había sido albañil. Viajó a Europa a buscar suerte y no la encontró. Por eso su primo lo tentó con contratos en el Estado y con la empresa.

Sin embargo, a finales de 2022 saltó un escándalo que complicó la operación. M.E.L., por entonces pareja de Rubel, lo denunció por el abuso de sus dos hijas menores, frutos de una relación anterior. El caso avanzó con firmeza. Por lo tanto, en mayo de 2024 se revirtió el traspaso de acciones. En los papeles, “Pajarito” recompró el 50% de Betail. La causa por abuso fue elevada a juicio. Rubel será juzgado por un jurado popular.

Por otro lado, González figura como dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer negra en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay con USD 200 mil sin declarar. Su pareja es la abogada Adriana Crucitta, ex asesora de Kueider e involucrada en la causa como parte de la banda.

Kueider y su acompañante Iara Guinsel Costa permanecen bajo arresto domiciliario en Asunción desde diciembre de 2023

La letrada también recibió la excarcelación de la Cámara Federal de San Martín. Ella y González eran socios en Peninsular Americana SAS. En el expediente consta que esta firma fondeaba una cuenta de Iara Guinsel, pareja de Kueider. Ese dinero se utilizaba para cubrir gastos de los departamentos.

¿De qué se los acusa?

Tanto González como Rubel están imputados en el Juzgado Federal de San Isidro por varios delitos. Uno de ellos es el de lavado de activos, doblemente agravado.

La primera razón es que se cometió con habitualidad. La segunda, es que fueron miembros de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y con las intervenciones de funcionarios públicos. Estos habrían cometido el ilícito en ejercicio u ocasión de sus funciones.

A estas acusaciones se les sumó, en concurso real y con el carácter de partícipes necesarios, el ilícito de uso de instrumento privado falso. A Rubel, además, se le imputó haber falsificado un balance.

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