Luego de dos años de congelamiento salarial, finalmente el presidente Javier Milei se prepara para firmar el decreto que autorizará un aumento de sueldos para los funcionarios públicos. Lo hará este martes con intención de que la norma sea oficializada en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.
De esta forma, los cargos jerárquicos que alcanzan desde la vicepresidenta hasta subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60% en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Por su parte, el mandatario tomó la determinación de mantener su haber congelado por tiempo indeterminado.
Un funcionario al tanto reveló que la suba ubicará a los sueldos “un 30% por debajo de la inflación”. La idea es que la recomposición vaya acorde a los incrementos que recibieron los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes.
Se trata de uno de los reclamos que atraviesa al Gabinete luego de que los salarios permanecieran congelados, por orden directa del libertario, desde diciembre de 2023. En el medio hubo un intento de mejorar la situación a cargo del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, en marzo de 2024, que fue anulado a través del Decreto 235/2024. “En un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo”, destacaba entre los considerandos que justificaban la determinación.
Al momento, el mandatario percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros del Gabinete $3.584.006. Por su parte, un secretario cobra $3.282.709 mientras que un subsecretario $2.981.510. Los senadores nacionales perciben en bruto $9,5 millones y los diputados $7.000.000, lo que en mano ronda los 4 millones.
Desde hace meses, distintos miembros del equipo que rodean al mandatario reclaman un aumento salarial para compensar el atraso registrado desde el inicio de la administración a esta parte. Con varios amagues -fallidos- para instrumentarlo, finalmente el Presidente tiene decidido firmar este martes el decreto que por estas horas prepara la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y que será oficializado en el Boletín Oficial pasadas las fiestas.
La decisión fue habilitada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), de los funcionarios más reticentes.
Asimismo, existió un debate para la corrección salarial que finalmente se resolvió con la instrucción engancharlas a las paritarias de empleados públicos, correspondiente al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), en negociación con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que como contó este medio consiguió una mejora del 2% para el mes de diciembre y que registra un incremento acumulado entre junio y este fin de año del 9,68%.
Sin embargo, se barajó otra posibilidad para aplicar las subas. Se trataba de la chance de equiparar los salarios al de los legisladores que se fijan a través de un mecanismo interno del Congreso. La idea finalmente fue desestimada por el propio mandatario.
Si bien desde hace meses distintos funcionarios le trasladaron la problemática al libertario, el cronograma electoral impidió la posibilidad de tomar la decisión y la determinación debió ser pospuesta para principios de 2026. Pese a que no se trata de una idea favorable para Milei, el atraso en los sueldos volvía prácticamente imposible la competencia entre el sector público y el privado. De esta forma, varios miembros de los equipos de la administración optaron por declinar sus responsabilidades.
“Ya no daba para más. Se estaba haciendo imposible”, se sinceró un funcionario ante Infobae, y agregó: “Se están yendo todos. Nadie quiere trabajar con este nivel de presión por tan poca plata”.
El malestar se incrementó ante la comparativa existente con los miembros del Poder Legislativo, particularmente de la Cámara de Senadores, que desde noviembre cobran $10,2 millones en bruto. Varios legisladores, en especial los de La Libertad Avanza (LLA), se vieron obligados a renunciar a la suba.
La actualización salarial del Ejecutivo incrementa la abultada diferencia registrada con el Salario Mínimo, Vital y Móvil que fue fijado por el Consejo del Salario en $334.800 para jornada completa en diciembre, y con el sueldo promedio del país, ubicado en $1.483.740 en octubre de este año.