El reloj tocaba la 1:35. Luego de una maratónica sesión que se prolongó hasta la madrugada de hoy, había un punto clave de la ley de Presupuesto 2026 que debía definirse a través del voto en Diputados y tenía en vilo a la sede parlamentaria nacional.
Era si se eliminaba o no el Capítulo 11 que contemplaba la derogación de leyes como la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, lo que obligaba al Presidente a gestionar un presupuesto sin superávit primario.
Luego de que el tablero marcara 123 votos negativos, 117 afirmativos y 2 abstenciones se produjo un momento de gran euforia entre la bancada peronista y sus aliados que aplaudieron y gritaron a viva voz por el éxito parlamentario. Tanto fue el estruendo que apenas se oyó el resultado del sufragio colectivo por parte del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
La diputada Cecilia Moureau, con una blusa blanca, fue de las más efusivas en el festejo. Corrió a abrazarse, a los saltos, con el jefe de la bancada de Unión por la Patria, el legislador Germán Martínez. También se destacó el festejo de Victoria Tolosa Paz, de atuendo amarillo, que cruzó los brazos sobre su pecho en señal de agradecimiento y felicidad por el resultado. Y se saludó con varios colegas parlamentarios.
Consecuencias del rechazo
Según fuentes del Ejecutivo, la permanencia de la ley de Emergencia en Discapacidad representa “cinco puntos del PIB”, lo que implica una carga fiscal considerable. A pesar de fallos judiciales, el Gobierno evitó ejecutar los fondos previstos por esa normativa y la de Financiamiento Universitario, argumentando la falta de asignación presupuestaria. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advirtieron desde la Casa Rosada.
Ante este rechazo, el Gobierno responsabiliza a seis gobernadores, con especial énfasis en tres mandatarios cuyos legisladores cambiaron su postura a último momento: Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).
En este contexto, la administración nacional evalúa alternativas para evitar que el proyecto avance en el Senado en su forma actual o, en última instancia, recurrir al veto presidencial.
Votación de madrugada
Vale aclarar que el Gobierno enfrenta un escenario de alta tensión política tras la aprobación parcial del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, un hecho que, lejos de significar un avance, ha generado preocupación en la Casa Rosada por considerar que el texto resultante vulnera el déficit cero, objetivo central de la administración de Javier Milei.
El oficialismo, que obtuvo la media sanción del Presupuesto con 132 votos, enfrenta ahora el desafío de definir una estrategia legislativa. Entre las opciones analizadas figura la posibilidad de demorar el envío del proyecto al Senado, a la espera de que se trate primero la iniciativa de Modernización Laboral.
Otra alternativa sería modificar el texto para reincorporar el Capítulo XI, aunque reconocen que no cuentan con los votos necesarios para insistir en esa versión. La opción del veto cobra fuerza, dado que los bloques opositores tienen incentivos para mantener el proyecto tal como fue aprobado en Diputados.
Fracturas en el oficialismo
Uno de los que se abstuvo de votar fue el diputado chaqueño Gerardo Cipolini, bajo el mando del gobernado Leandro Zdero, aliado electoral de La Libertad Avanza en octubre.
En el oficialismo también sorprendió la abstención del diputado nacional por Entre Ríos, Darío Schneider, quien ingresó por la boleta de La Libertad Avanza a instancias de la alianza con Rogelio Frigerio, mientras que sus otros dos compañeros de provincia votaron a favor del Gobierno.
También se registraron críticas a la conducción del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), presidido por Pamela Verasay, por no lograr retener la disciplina interna.
La gestión de Javier Milei ya había marcado un hito al prorrogar dos veces consecutivas el presupuesto nacional, manteniendo vigente durante 2024 y 2025 el texto calculado para 2023. Esta situación permitió al Ejecutivo avanzar con recortes fiscales en distintas áreas, aunque en esta oportunidad el Gobierno buscaba contar con una ley que le otorgara previsibilidad en el gasto, una demanda compartida por gobernadores y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el seno del oficialismo, algunos sectores consideran que sería preferible que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, mantenga en 2026 un manejo discrecional de los fondos, como ocurrió en los años anteriores. “Va a tener que seguir armando el Excel”, ironizaban fuentes del Gobierno en diálogo con Infobae.
La Casa Rosada también había destinado en las dos semanas previas a la votación el 33% de las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a seis provincias: Tucumán ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones). Sin embargo, este esfuerzo no logró asegurar el acompañamiento de la mayoría de estos distritos en la votación del capítulo central.