Mientras el Gobierno libertario se dispone a convocar en los próximos días a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de diciembre, la oposición dialoguista ya mira de reojo el Presupuesto 2026 y el efímero dictamen que obtuvo el oficialismo en Diputados, que cayó con el fin del período ordinario y por ello habrá que volver a firmar uno nuevo. Municipios y provincias comenzaron a rechazar el artículo 30 de la iniciativa en cuestión, que apunta a nuevos recortes de la Casa Rosada sobre fondos destinados en la actualidad a educación y defensa.
Aún con el recuerdo fresco de las discusiones que tuvo el Congreso relacionadas con universidades -entre otras-, el artículo 30 de la ley de gastos 2026 de la administración libertaria ya generó, por caso, observaciones de la Cámara alta correntina y del Concejo Deliberante de Florencia Varela (Buenos Aires). Textual, lo que pretende el Gobierno es derogar “el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; los “artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”; el “artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional”; y “el inciso 1 del artículo 4 de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa”.
Desglosamos ahora cada punto. El primero es el más importante y establece: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.
El segundo es similar, aunque con menor intensidad, para las partidas hacia ciencia y tecnología. En tanto, el tercero crea “el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.
La Cámara de Senadores de Corrientes declaró su “contundente rechazo al artículo 30 del Proyecto de Ley de presupuesto nacional, el cual perjudica el funcionamiento de 170 Escuelas Técnicas en el territorio de la provincia, restringiendo con ello el derecho a la educación de miles de jóvenes”. Por su parte, los concejales de Florencio Varela apuntaron a que el dinero en cuestión se destina “a la construcción, ampliación y refacción de infraestructura de las instituciones, equipamiento para los entornos formativos, materiales para los proyectos de los estudiantes, así como la consolidación de diferentes programas de acompañamiento para el avance las trayectorias educativas y su finalización, de la educación profesional secundaria para la ‘revinculación’ de adolescentes que se desvincularon del sistema educativo, etcétera”.
El cuarto ítem involucra a la constitución e integración del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF): “0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020”; 0,5%, en 2021; 0,65%, en 2022; “hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”. Un desafío para el nuevo ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, que se prepara para atajar otras situaciones cuando asuma de manera formal dicho cargo.
Si el Gobierno desea finalizar el año con el Presupuesto 2026 sancionado por el Congreso, el mismo deberá tener un trámite más que exprés en Diputados. Esto es, dictamen ni bien arranquen las extraordinarias y una pronta aprobación allí, con el objetivo de dejarle al Senado al menos dos semanas para despachar y esperar los siete días por reglamento, ya que no habrá dos tercios para habilitar rápido sobre tablas.
Por todo esto es que, en caso de arribar a dicha instancia -negociaciones entre cúpulas cerradas con relativa anticipación-, la Cámara alta podría sesionar, incluso, el lunes 29. Para llegar a esa meta, el oficialismo tendrá que funcionar como un reloj suizo. La oposición no percibe -por ahora- este sendero. Y también se iniciarían, siempre desde la perspectiva del Ejecutivo, los debates sobre inocencia fiscal, reforma laboral y Código Penal. Una agenda más que abultada que continuará, sin dudas, en febrero de 2026.