La reciente filtración de grabaciones atribuidas a Karina Milei, presuntamente obtenidas dentro de la Casa Rosada, generó una inmediata reacción del oficialismo, que formalizó una denuncia judicial a través del Ministerio de Seguridad Nacional que encabeza Patricia Bullrich. En ese contexto, la embajada de Rusia en Argentina negó cualquier relación con estos hechos después de que algunas versiones mediáticas señalaron la posible intervención de servicios de inteligencia rusos en una supuesta maniobra para desestabilizar al gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo busca “marcar la cancha” y presentar el caso como parte de una operación de inteligencia no institucional.
La denuncia describe el episodio como “una maniobra golpista” destinada a influir en la opinión pública y generar alarma social, justo en el tramo más álgido del ciclo electoral, en vísperas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y con la mirada puesta en los próximos comicios nacionales. El Gobierno sostiene que el objetivo de la filtración es “desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de ese modo, influenciar el proceso electoral”. La denuncia fue presentada por el representante legal del Ministerio, Fernando Soto, ante el Juzgado Federal N.º 10 a cargo de Julián Ercolini.
El Ministerio de Seguridad encuadra la filtración como “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”. El documento considera las grabaciones como parte de una campaña orientada a manipular el humor social y modificar el curso de la campaña electoral. Para el oficialismo, la simple sospecha de que pudieran haberse registrado conversaciones dentro de la sede del Ejecutivo confiere a la situación una gravedad excepcional.
Las repercusiones de la filtración trascendieron el plano político e institucional. La crisis abierta por el caso permeó la dinámica interna de la administración libertaria, que evidenció fisuras tanto en la relación entre los denominados “karinistas” y los funcionarios alineados con Santiago Caputo, como en el frente interno ante la reacción de la oposición kirchnerista. Voces dentro de la Casa Rosada reconocen el impacto negativo de los audios, dado que coincidieron con un momento delicado de la campaña y en medio de una coyuntura económica difícil.
En medio de la escalada, la embajada de Rusia en la Argentina difundió un comunicado oficial desestimando cualquier involucramiento de Moscú en el caso. “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa. Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”, sostuvo la delegación diplomática.
La legación rusa añadió: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”. A la vez, destacó el compromiso de Rusia con la cooperación bilateral y la voluntad de celebrar en octubre el 140º aniversario del establecimiento de relaciones entre ambos países, lejos de “historias de espionaje ficticio”.
El Ministerio de Seguridad vinculó la controversia no solo al ámbito nacional, sino también a posibles intentos de influenciar procesos electorales internacionales, aunque no logró establecer una conexión concreta en esta causa.
La crisis emergió en un escenario político ya tensionado y señales de debilidad en el plano económico. En sectores del oficialismo reconocen la preocupación por el posible efecto dominó: una derrota clara en la provincia de Buenos Aires podría acelerar la inestabilidad política antes de las elecciones nacionales.
Mientras tanto, la embajada de Rusia reiteró su rechazo a cualquier forma de injerencia en los asuntos internos de Argentina y solicitó que se evite difundir especulaciones sin sustento probatorio, enfatizando el carácter histórico y positivo de las relaciones bilaterales.