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Silenciosa disputa entre el oficialismo y la oposición para auditar las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei

Hubo una cumbre en el Senado para integrar la bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Es el nexo con la Auditoría General de la Nación (AGN), que fiscaliza la utilización de los recursos del Estado

Javier Milei y Alberto Fernández, el 10 de diciembre pasado para el cambio de mando presidencial (EFE)

La oposición y el oficialismo mantienen una silenciosa disputa para escanear las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei que podría activarse en los próximos días, si se confirma la integración de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Es el nexo del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN), que fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales ante la utilización de los recursos del Estado, entre otras funciones, y cuya titularidad quedará en manos de Diputados.

El embrollo aparece debido a que, según La Libertad Avanza, el escaso trabajo de la bicameral durante el último mandato kirchnerista impidió la revisión y pedidos de documentación a la AGN. En cambio, el principal bloque opositor en el plano legislativo pretende comenzar ya con el funcionamiento de la misma para demandar el análisis de decisiones importantes del gobierno de Milei.

De ser así, se repetirá lo ocurrido en la bicameral permanente de Trámite Legislativo, que es la que examina los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Allí, gran parte de la oposición exigió observar las medidas del Gobierno libertario, aunque el oficialismo y algunos dialoguistas lograron finalizar, primero, con las normas de Fernández y Mauricio Macri.

Sobre la Mixta Revisora de Cuentas se conversó en el Senado el miércoles, cuando los jefes de bancadas dialoguistas almorzaron con oficialistas para pensar no sólo la comisión en cuestión, sino el paquete completo de bicamerales y no quedar pegados a la costumbre que tuvo el kirchnerismo durante varios años.

Existen varias bicamerales de peso. Una mencionada con asiduidad en las últimas semanas fue la de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones (Ley 23.696), en medio del cruce de declaraciones entre la Casa Rosada y los gremios aeronáuticos por Aerolíneas Argentinas. La comisión quedará en manos del Senado.

Otra es la de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y De Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que será presidida por un diputado. Es en la que años atrás, en la era macrista de Cambiemos, generó fuerte revuelo la presencia del entonces ministro de Finanzas y actual titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, y el famoso papel entregado a la entonces legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti que decía: “Mis hijas tiene 11 y 13 años, por favor no seas tan mala”.

El ministro de Economía, Luis Caputo (Reuters)

Una siempre jugosa y muy deseada -por su presupuesto- es la que considera el funcionamiento de la Biblioteca del Congreso, cuyo comando aterrizará en la Cámara alta. Otra es la de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que irá para Diputados, al igual que la del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.

De las charlas no participó el kirchnerismo. Esto podría representar un inconveniente en el corto plazo, ya que la idea del oficialismo es dejar, más allá de las integraciones que les toque a los interbloques de Unión por la Patria (Diputados) y Frente de Todos (Senado), la imposibilidad de que capten alguna de las presidencias. Toda una negociación enmarañada donde se deberá encontrar el equilibrio con muchos sectores dialoguistas que, con pocos espacios para repartir, también podrían quedar relegados.

La definición de estas cuestiones es de relevancia, en medio del debate del Presupuesto 2025 que comenzó días atrás y continuará la semana próxima en la Cámara baja, con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El objetivo es dictaminarlo a inicios de noviembre -a más tardar- y votarlo antes que finalice la primera quincena del mes próximo. En caso de dilatarse el tratamiento en el Senado, no se descarta prorrogar las sesiones ordinarias -implicaría agenda abierta- o, con temario cerrado, dar luz verde a un período extraordinario hasta el 15 o 20 de diciembre, como máximo.

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