Juan Grabois rechazó las explicaciones del Gobierno y pidió que los alimentos sean distribuidos de inmediato

“Es mentira que las cinco mil toneladas de comida que está estoqueada en los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social están reservadas para una “catástrofes como dice el Gobierno”, opinó el dirigente social y político Juan Grabois. De esta manera el abogado salió al cruce de los argumentos que utilizará La Libertad Avanza para apelar la resolución del juez Sebastián Casanello quien le ordenó al ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello que en 72 horas elabore un plan para distribuir los alimentos guardados en galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo para ayuda social. Y solicitó “su ejecución de modo inmediato”. Además, dispuso un operativo en los depósitos galpones para tener un detalle de todo lo almacenado.

La medida solicitada por el magistrado la dictó en la misma resolución en la que solicitó la declaración indagatoria de 23 dirigentes piqueteros por la presunta extorsión que realizaban sobre beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a quienes los amenazaban a que asistan a las marchas que realizaban organizaciones sociales, de los contrario, perdía el plan social. Entre los principales imputados destacan el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y su segundo Jeremías Cantero.

Después de difundirse esa resolución, el gobierno nacional aseguró que apelará la orden y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, lo explicó. “Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”, señaló a modo de introducción. Y desarrolló: “Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública. “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina.... Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”, apuntó Adorni desde la Casa Rosada.

Grabois, quien denunció a Pettovello por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por, entre otros motivos, cortar el suministro de alimentos secos a los comedores comunitarios dijo: “Aclaramos que es falso de toda falsedad el argumento de que la comida está estoqueada para ‘catástrofes’, no existen pruebas documentales que permitan afirmar tal cuestión, y por lo contrario mostramos -en la causa judicial que instruye la fiscal Paloma Ochoa-las que señalan que la comida se adquiere para atender a las personas en situación de vulnerabilidad social”.

El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria también sostuvo que: “El programa para atender las catástrofes existe, se denomina ‘Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales’ y está reglado por la Resolución MDS 485/2016″ y argumentó: “La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo están destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil. Así lo dice textualmente el convenio de adquisición con la Organización de Estados para La Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también está encarado desde el ‘abordaje comunitario’ para mitigar situaciones de vulnerabilidad”.

Para el dirigente de Argentina Humana “las mentiras del Ministerio de Capital Humano encubren un crimen que suma al incumplimiento de los deberes de funcionario el abandono de personas” y prometió: “Vamos a usar todos los medios legales -judiciales, comunicacionales, acción directa no violenta- para que no falte el pan en ninguna mesa y para que las cientos de miles de cocineras comunitarias y organizaciones de la sociedad civil difamadas en falsas generalizaciones por los funcionarios de Milei sean reivindicadas”.

Grabois también adelantó que: “En virtud de la indignante insensibilidad frente al hambre que padece una enorme cantidad de compatriotas sin políticas alimentarias compensatorias, hasta tanto se resuelva esta injusticia aberrante me toca dejar mis tareas como presidente del Partido Patria Grande y dedicarme como abogado a dos causas judiciales. En primer lugar, la querella contra Sandra Pettovello y sus funcionarios; en segundo lugar, el amparo colectivo por la restitución de los alimentos a los comedores comunitarios”.

También en el día de hoy el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa inició un proceso colectivo contra el gobierno nacional de Javier Milei por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país. Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.

El expediente corre en paralelo a la causa penal que tramita el juez federal Sebastián Casanello en la que ordenó al gobierno que en 72 horas elabore un plan para entregar la comida que almacena en dos galpones y que lo ejecute “de modo inmediato”. Se trata de dos expedientes que inició Grabois.

Sobre ese tema, el dirigente social y político recordó que: “Es facultad del Poder Ejecutivo diseñar métodos adecuados, transparentes y eficaces para garantizar la efectiva entrega de los alimentos, pero es obligación del Poder Ejecutivo realizarlo en tiempo y forma. Ninguna de las dos cosas está sucediendo. Con argumentos contradictorios para justificar la suspensión de las políticas alimentarias, que oscilan entre falsas generalizaciones a partir de casos particulares de denuncias por irregularidades y las falsas aseveraciones que afirman que las miles de toneladas de alimentos acopiadas están destinadas a “catástrofes”, el Ministerio de Capital Humano está violando garantías constitucionales básicas y sus funcionarios incurriendo en delitos graves”.