La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich defendió este miércoles el protocolo antipiquetes, que empezó a ser utilizado en los últimos días de diciembre del año pasado y que fue duramente criticado por el peronismo y la izquierda. Además, se refirió también a las modificaciones en los artículos de la Ley Ómnibus que hablan de resistencia a la autoridad.
“Nosotros queremos el orden económico, el orden social y el orden en las calles. Queremos que las fuerzas de Seguridad puedan trabajar sin sentir que van terminar presos de por vida y marcar que a la Policía no se la puede agredir, y que el que lo hace tiene consecuencias”, sostuvo la funcionaria.
Bullrich arrancó su presentación confirmando que el Gobierno había decidido que el artículo 331, que limitaba las reuniones de más de tres personas en la vía pública, sea eliminado de la Ley Ómnibus. “Se generó una confusión y preferimos sacarla”, explicó, y así dejó sin efecto mucha de las preguntas y críticas de los diputados de la oposición. Ese artículo había recibido cuestionamientos de todo el arco político por ser de aplicación inviable.
Uno de los ejes centrales de la alocución de la ministra fue la puesta en marcha del protocolo antipiquetes, que busca evitar los cortes de calles, liberar la circulación y, en el caso de que se quieran hacer protestas en la vía pública, que sean avisadas de antemano y que haya una seguro de caución para cobrarles a los organizadores eventuales daños.
“La situación de los cortes permanentes es imposible para la convivencia social y ha generado muchos problemas en la vía pública. Entre el 2009 y el 2023 hubo más de 80.000 piquetes, según una estadística privada. Es imposible”, indicó la ministra.
En ese sentido, contó que la Ley Ómnibus genera una reforma en la ley de tránsito y que aumenta las pena. Actualmente aquellas personas que cortan las calles pueden sufrir una condena penal de un mínimo de tres meses a un máximo de 2 años. La intención del Gobierno es llevarla de un año de mínimo a tres años y medio. Penas que se agrandan si aquellos que realizan el corte están armados con palos, lanzas o caños.
Bullrich apuntó en ese momento a los movimientos sociales y habló de la “figura de organizador”, al que definió como la persona que intercede entre las familias, los planes sociales y las convocatorias a las protestas. Y aclaró que para ellos habrá una pena mayor. “Son sectores que quieren piquetes permanentes”, sostuvo.
Además, dijo que el sistema de denuncias al número 134 recibió cientos de llamados que fueron derivados al ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, y a la justicia, donde figuran los nombres de los organizadores de las marchas. “Tenemos un caso de una familia que cobraba $120.000 y le daban $20.000″, contó.
La ministra explicó que la idea de la nueva ley es que aquellos que van a movilizarse y protestar avisen con un margen de 48 horas para que el Gobierno pueda organizar el sistema policial de contención en las calles. “Nuestra decisión es que la ley ordene, de una vez por todas, la convivencia y que no se vulneren los derechos de terceros”, afirmó.
El discurso de la funcionaria fue resistido por el peronismo, que movilizó a la mayoría de sus diputados para que estén presentes en la comisión de Legislación General, en el segundo día de tratamiento de la Ley Ómnibus. El bloque de Unión por la Patria (UP) cohesionó su discurso asegurando que es “impracticable” el proyecto que propone Bullrich.
La primera voz de la oposición fue la del ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y ex ministro de Seguridad de Chubut, José Glinski. “Las propuestas que están haciendo son operativamente inviables. Quedó demostrado el día de la implementación del protocolo”, señaló, haciendo referencia a la protesta que realizaron el mes pasado las organizaciones de izquierda en el centro porteño.
“Hubo ciudadanos que días después cortaron la calle y no hubo ningún efectivo policial de ninguna fuerza. Lo que buscan es que en la calle haya policía para garantizar el plan económico. ¿Cuántos de esos efectivos asignados a las protestas deja de hacer otras funciones de control y prevención?”, fue el cuestionamiento del ex funcionario nacional durante el gobierno de Alberto Fernández.
Otro de los legisladores que apuntó contra la Bullrich fue el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo. “Este proyecto tiende a la criminalización de la protesta. La protesta no es un delito, es un derecho”, expresó. Luego, agregó: “Argentina no tiene un problema de tránsito, tiene un problema social que es lo que hay que resolver. La idea es que a fuerza de garrote van a entender que el ajuste se lo tienen que comer si o si”.
El rechazo al protocolo también quedó marcado en las expresiones de Mario “Paco” Manrique, número dos de SMATA, quien aseguró que “a este proyecto de ley le falta solo la palabra bala, ya que la palabra cárcel ya la tiene”. Sostuvo además que “este proyecto se lleva por delante los derechos de las personas”.
La última intervención de Manrique fue muy dura y una advertencia para Bullrich: “Va a tener millones de movilizaciones mientras la problemática social en este país no se arregle. La voluntad del pueblo no se puede acallar. Cuando la panza duele, se acabaron las reglas. Evitemos que las panzas duelan. No podemos arreglar un país destruyéndolo”.
Después de escuchar a varios diputados y visiblemente molesta por las criticas, la ministra de Seguridad lanzó una advertencia. “El derecho de la protesta es sin cortar calle. ¿Está claro? Hagan la manifestación que quieran pero sin cortar la calle”, precisó.