Este martes confirmaron su retiro 18 comisarios generales de la Policía Federal Argentina. Las salidas se dieron luego de una conferencia de prensa en la que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer los detalles del operativo del Departamento Antisecuestros Norte que desbarató una banda que secuestraba empresarios en el corredor que transita entre Rosario y San Nicolás.
Del acto incluso fue parte el hasta hace horas comisario general Alejandro Ñamandú, como titular de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que realizó la investigación. Fue su última actividad oficial en el cargo.
Su sucesor es el comisario Martín De Cristóbal, cabeza de la División Delitos Constitucionales, que, entre otras cosas, capturó al hombre que le lanzó una botella al presidente Javier Milei el día de su asunción. Es un investigador histórico de la PFA, parte esencial de la División Homicidios y uno de los responsables de capturar diez años atrás a Jorge Mangeri, el femicida de Ángeles Rawson.
“Se echó a personal valioso y con capacidad de mando. El año que viene, el crimen organizado puede explotar en la Argentina, lo mismo la inseguridad cotidiana y el crimen trasnacional. Hace falta gente capacitada para hacerle frente”, lamentó ante la consulta de Infobae un hombre que fue esencial en las gestiones más técnicas de la PFA durante la última década.
Tras la conferencia de Bullrich, los comisarios generales fueron llamados uno por uno. Algunos decidieron irse y a otros se les comunicó su salida, bajo el pretexto de una decisión de la ministra.
Las decisiones fueron comunicadas en reuniones individuales en la central de la PFA, en la calle Moreno, por el jefe de la fuerza, Luis Rollé, y el subjefe, Mariano Giuffra.
Fuentes de la fuerza aseguran que alrededor de la situación existe una fuerte interna entre los miembros mayores de la PFA en cuanto a los nuevos roles de mando. “Esto es una cuestión de manejo de poder, lisa y llana”, aseveró una de las personas consultadas.
Entre los que se fueron, había distintos grados de antigüedad. A algunos les tocaba irse por plazo, pero a otros no. Hay varios que tienen dos años de comisario general y tienen plazo para un año más en el rango. Otros fueron echados prematuramente. La excusa, clara: “Gestión nueva, todos a casa”. Según le afirmaron a Infobae, “nunca pasó algo así en la historia de la democracia”.
Varios de los superintendentes salientes tuvieron a su cargo vínculos institucionales con el FBI, el Mossad, Homeland Security, Interpol, así como las divisiones de la PFA en las provincias, áreas como Antisecuestros, Trata de Personas, Delitos Económicos y el área de investigación contra el terrorismo.
Modificaciones en la estructura de la Policía Federal Argentina
Además de los retiros de los 18 comisarios generales, este martes se dio a conocer un proyecto de resolución que implica la modificación orgánica de la Policía Federal Argentina, en un texto que lleva la firma de Luis Rollé, jefe de la fuerza.
En sintonía con el plan motosierra que propone el Gobierno para todas sus áreas, lo que sí ya sucedió, más allá del proyecto, es que de 18 superintendencias se pasó a 11, y de 21 comisarios generales a 13.
En los considerandos del proyecto se expone que los cambios son “a fin de optimizar la funcionalidad de la Institución y desarrollar una articulación estructural que permita dotar de mayor dinamismo la interacción de las distintas áreas en pos del servicio y, sobre la base de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, por lo que “resulta pertinente adaptar la estructura orgánica existente para concentrar y aprovechar la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta esta Fuerza, con el objetivo de garantizar un mejor servicio policial”.
“A tales fines, se impulsan una serie de creaciones, sustituciones e innovaciones respecto de la estructura organizacional de múltiples áreas, como así también se propicia adaptar las misiones y funciones asignadas a las mismas conforme dichas exigencias”, se indica.
El texto detalle que “la propuesta, entre otras medidas, contempla adecuaciones en la conformación estructural de los estamentos de investigación de delitos federales y combate a la criminalidad organizada; la unificación en un solo mando de la labor de pesquisa con la de asistencia técnico-científica; la reconfiguración de las unidades de seguridad y custodia de acuerdo con la nueva estructuración de carteras y secretarías de estado dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto N° 8/2023; amalgamar en un área la gestión administrativa integral del personal para dotar de celeridad al proceso de toma de decisiones y eliminar instancias superiores en múltiples áreas de apoyo”.
Este proyecto ahora deberá ser aprobado por el Ministerio de Seguridad, que decidirá si implementa toda la reforma o modifica algunos puntos. Desde la cartera que comanda Patricia Bullrich se pidió que no solo la PFA, sino cada una de las fuerzas federales, presente su reforma y que no afecte sus capacidades operativas. “No es algo urgente, son propuestas”, le aclararon a Infobae fuentes oficiales.