Tras dos semanas sin actividad, la Comisión de Juicio Político retomó sus reuniones para analizar las acusaciones por presunto mal desempeño contra los cuatro miembros de la Corte Suprema. En su último encuentro, el oficialismo había aprobado una resolución que formulaba 14 cargos contra el juez Juan Carlos Maqueda por irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial y lo notificó para que haga su descargo en forma presencial o por escrito. Al inicio de la reunión, la presidenta de la comisión Carolina Gaillard anunció que Maqueda no se presentó y tampoco envió un escrito, amparado por sus fueros.
De esta forma, el oficialismo dio por concluida la etapa de análisis de los expedientes vinculados con la Obra Social y puso en funciones una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) que se encargará de seguir investigando otras presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en otros períodos temporales, dado que el oficialismo sólo se concentró en lo que denominó el “período Maqueda” (7 de abril del 2008 y el 31 de agosto del 2021).
Luego, Gaillard anunció que comenzarían a ser analizados los expedientes vinculados con el fallo por la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación que la enfrentaba con el gobierno nacional. El máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA reclamaba 3,50% en el reclamo de fondo).
El gobierno porteño había recurrido a la Justicia debido a que en 2020 Alberto Fernández decretó la reducción del 3,5 a 2,3 los fondos destinados a la Ciudad. Luego esa decisión fue ratificada por una ley. Esos fondos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri por decreto a raíz del traspaso de la Policía.
El oficialismo buscará probar que hubo un acuerdo para traficar la sentencia entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la Corte, Horacio Rosatti. Como evidencia exhibirán los chats que se filtraron mediáticamente entre Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
En esa línea, el diputado Rodolfo Tailhade solicitó que se ordene una “huella de voz” para determinar la verosimilitud de estas filtraciones (que además de mensajes escritos contienen audios).
“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente y que la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje”, dijo Tailhade.
“Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz”, señaló Juan Manuel López —de la Coalición Cívica— en sintonía con los planteos de inadmisibilidad que ya había manifestado la oposición al inicio del proceso de juicio político.
El primer testigo en el marco del expediente de la coparticipación fue el doctor Horacio Diez, Subprocurador del Tesoro de la Nación, quien centró su exposición en que tanto el gobierno de Mauricio Macri como la Corte Suprema no detallaron cómo llegaron al monto total de recursos que consideraron necesarios para financiar el traspaso de la policía. “Es extraño que les dio un número redondo, 3,75″, dijo.
“A principios de 2016, fue suscripto entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo de la Ciudad el convenio de traspaso de funciones de seguridad en materia no federales. En el convenio de traspaso de la policía no fue estimado el costo que podía representar la ejecución o cumplimiento de esos servicios no federales, y tampoco se estableció allí ningún mecanismo o procedimiento destinado a establecerlo”, detalló.
Y agregó: “Nuestra postura en representación del Estado nacional es que los decretos 194, 392 y 257 carecen de fundación económico y financiera, y el cuestionamiento que desde la representación del Estado nacional hemos formulado estriba en que la forma de compensar el mayor costo fruto de la transferencia de servicios a una administración local no debe ser la fijación de un porcentaje determinado dentro de la coparticipación, sino la medición del costo, fijando luego una cláusula de ajuste. Pero no necesariamente atado a un porcentaje de la coparticipación”.
Al término de la reunión, el diputado del PRO Pablo Tonelli lamentó que el kirchnerismo llevara adelante “un nuevo capítulo del show con el objeto de distraernos de los verdaderos problemas de los argentinos”.
“Ayer se negaron a modificar la ley de alquileres que tiene en vilo a miles de argentinos sin acceso a la casa propia. Pero hoy, en una desesperada tentativa por justificar el manotazo a los recursos de la Ciudad de Buenos Aires y el incumplimiento del fallo de la Corte, que indica la restitución parcial de dichos fondos ilegalmente transferidos a la Provincia de Buenos Aires, siguen proponiendo testigos parciales y dilatando el proceso sabiendo que su intento de embestida contra la Corte Suprema ha fracasado”, dijo.
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