Villa Mascardi: la cesión de tierras que pretende el Gobierno a un grupo violento autoproclamado mapuche cosecha cada vez más cuestionamientos

Tras el acuerdo entre el Ejecutivo y la agrupación Lafken Winkul Mapu, otra comunidad mapuche reclamó las tierras al alegar que ese territorio le fue entregado tiempo atrás

Los vecinos reclaman al Gobierno que paralice la entrega de las tierras

La cesión de tierras con la que el Gobierno nacional pretende beneficiar a un grupo que se autoproclama originario en Villa Mascardi cosecha cada vez más voces de repudio en la ciudad patagónica.

Dentro del grupo opositor se encuentra, hasta otra comunidad mapuche aunque la misma – a diferencia de la que pretende beneficiar el gobierno nacional – está reconocida por el Estado y su preexistencia en Villa Mascardi está acreditada y documentada.

Con el objetivo de revertir la cesión de tierras que pretende la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la lof Wiritray presentó una medida cautelar debido a que alega que las tierras que quiere ceder ahora ya fueron cedidas a la otra comunidad varios años atrás.

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La presentación se realizó en un juzgado en Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos y captó el interés de dos diputados rionegrinos del oficialismo provincial, que adhirieron a la presentación y se sumaron al rechazo.

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La lof Wiritray es una comunidad que está registrada legalmente ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) desde el año 2000. La agrupación Lafken Winkul Mapu, que usurpó las tierras en 2017, carece de ese reconocimiento y lleva adelante saqueos, sabotajes y otros incidentes vandálicos bajo la excusa de la reivindicación territorial. En su presentación, la lof Wiritray pidió al Gobierno nacional que anule el acto administrativo rubricado entre representantes del Ejecutivo y el grupo que se autoproclama mapuche.

En ese documento, el Gobierno pretende ceder 7 hectáreas al grupo violento y prevé la construcción de tres “rucas” para el desempeño de las supuestas actividades sanadoras de la líder espiritual.

El Gobierno habilitó que el grupo violento que usurpó Villa Mascardi regrese a las tierras de las que fue desalojado

«Ese acuerdo es nulo. Es una negoción ilícita porque ese territorio ya había sido asignado a nuestra comunidad», argumentó la werken de la lof Wiritray, Patricia Montenegro. Insistió en que se trata de un territorio comunitario relevado en el marco de la ley 26.160.

Todas las críticas apuntan al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; al titular de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granate, y otros funcionarios nacionales que fueron parte de la negociación.

En el acuerdo que pretende impulsar el Gobierno nacional, se prevé también la reubicación del resto de los integrantes del grupo, cuyo paradero actual es incierto y rigen – aún con vigencia – pedidos judiciales para ser capturados. «Este acto administrativo afecta nuestros derechos de propiedad comunitarios. Además, en ese lugar, ya existe un rewe», especifica la presentación de la otra comunidad mapuche que reclama el lugar.

Dijo también que denuncian a los funcionarios nacionales por mal desempeño y consideró que hubo «abuso de poder». «No es más que una negociación ilegal. Nuestra comunidad ha sido reconocida a través de una resolución del INAI, desde el 22 de marzo del 2000 cuando nos entregaron la documentación. Fuimos una de las primeras comunidades de la Nación», dijo.

Tras el desalojo de 2022, las viviendas que habían instalado los mapuches fueron demolidas

Desde la comunidad Wiritray pusieron en duda el reclamo de preexistencia en Villa Mascardi, ya que no existen documentos que así lo avalen. “Exigen una reivindicación ancestral cuando no hay un solo registro de su preexistencia en la zona” dijeron desde la lof Wiritray.

Los diputados Agustín Domingo y Luis Di Giacomo, del partido oficialista provincial Juntos Somos Río Negro, avalaron la presentación que realizaron las familias que están asentadas en la zona desde fines de 1800.

“Adherimos nuestra adhesión plena al planteo de esta comunidad, que sí cuenta con avales y reconocimiento de parte del Estado Nacional” dijeron los parlamentarios, que enviaron una nota expresando su postura al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria y al propio Pietragalla Corti.

Dijeron que “este nuevo exabrupto federal en relación a la problemática de Villa Mascardi, muestra la necesidad de salir de la improvisación en una temática que marca nuestros orígenes y nuestro proyecto como país. Es tiempo de retomar la senda del respeto de las garantías constitucionales como premisa insoslayable para la paz social”.

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