Diputados de JxC buscan simplificar el trámite de las sucesiones y que se hagan de manera digital

Aplicará para los casos donde no haya cuestiones contenciosas ni testamento. El objetivo es bajar los costos, acortar los plazos y facilitar que los cambios de titularidad efectivamente se realicen

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El recinto de la Cámara de Diputados

Tras la sanción de la ley que eliminó la renovación del Certificado Único de Discapacidad en casos permanentes, el diputado Martín Tetaz presentó un proyecto de ley busca simplificar el trámite de las sucesiones en los casos donde no haya cuestiones contenciosas ni testamento.

La iniciativa legislativa propone que este tipo de sucesiones pueda realizarse en una sede administrativa -no judicial- tanto de manera presencial como digital.

El Proyecto de Ley propone la creación y regulación del Procedimiento Administrativo Sucesorio (PAS) en donde la determinación de los herederos se realice a través de la emisión de un certificado sucesorio extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Este organismo deberá informar el mismo a través de una plataforma digital directa a los Registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, Aeronaves y de Embarcaciones; las distintas jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales; Administración Federal de Ingresos Públicos y con el Banco Central de la República Argentina, entre otros, para que los organismos puedan iniciar el cambio de titularidad de los bienes y cuentas bancarias.

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“De esta manera garantizamos que se bajen los costos de las sucesiones, que se simplifiquen los trámites, se acorten los plazos y que efectivamente los cambios de titularidad se realicen. Hoy hay muchas propiedades a nombre de gente fallecida y cuentas de banco que quedan inmovilizadas con dinero que los herederos no pueden utilizar, por ejemplo. Esto se tiene que terminar”, aseguró Tetaz.

Martín Tetaz (@martintetazok)

En sus fundamentos, el proyecto señala que “el acceso a la Justicia constituye un derecho humano que en nuestro país se cumple en forma deficiente y tardía por la sobrecarga de tareas que son ajenas a su función esencial de dirimir conflictos entre partes adversas. La justicia tiene como finalidades básicas el control social, para el mantenimiento de la paz entre los ciudadanos y la concentración del poder sancionatorio en manos del Estado. Pero existen actos que, si bien se cumplen en el Poder Judicial, no deberían desarrollarse dentro de ese ámbito ya que carecen de controversias y deberían realizarse dentro de la órbita administrativa”.

Y continúa: “Hay que revertir el paradigma que el Estado terceriza en sus ciudadanos las tareas que le son propias, es hora que el Estado se encuentre al servicio de los ciudadanos. No hay excusas para este cambio de paradigma en un mundo globalizado y digital donde la tecnología nos brinda soluciones a bajos costos”.

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El proyecto de ley contó con el acompañamiento de la firma de los Diputados Nacionales Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata, Francisco Sánchez, María Luján Rey, Gerardo Cipollini, Alejandro Finocchiaro, Paula Omodeo, Sabrina Ajmechet, Alejandro Cacace, Pablo Cervi.

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