El oficialismo avanza con un peligroso y doble mensaje: de la recompra de bonos a los DNU contra la Corte

La participación de camioneros -todos, con prolijas remeras negras- en un operativo de control de Precios Justos añadió la potencia de la imagen a un contexto grave. Supera el episodio en sí mismo. Y se retroalimenta con la tensión que genera la escalada del Gobierno sobre la Corte Suprema, lejos de agotarse en el impulso al juicio político. El kirchnerismo decidió presionar sobre Alberto Fernández, llevarlo más allá de la ofensiva que Olivos trasladó para su ejecución al Congreso. Le dijo al Presidente que debería firmar un par de Decretos de Necesidad y Urgencia para imponer, por ejemplo, las reformas de la Corte y del Consejo de la Magistratura.

En ese marco, Sergio Massa produjo la recompra de títulos de la deuda por US$ 1.000 millones. Se trataría, o así fue difundido, de una medida para contener el dólar y sobre todo, para ratificar el compromiso de transitar el camino de las metas asumidas con el FMI. Es, en sentido genérico, lo que se presenta como una señal a los “mercados”, una muestra de racionalidad, necesaria para acomodar mínimamente la economía ya en año electoral.

Al margen de las consideraciones técnicas y de los reales efectos de la medida, el problema es que no se trata de un inicio típico de año electoral, sino de algo más profundo: el sello político dominante es el conflicto institucional. Los síntomas legislativos son particularmente claros. Los proyectos de Economía incluidos en el temario de sesiones extraordinarias están complicados porque el eje sigue siendo la Justicia y, como reflejo, la dura disputa con la oposición. Eso arrastra además a los legisladores massistas.

La última andanada del Gobierno en el frente judicial es acompañada por el kirchnerismo, que de todos modos mantiene sus reproches y comentarios ácidos sobre el Presidente. Alberto Fernández fue respaldado por gobernadores alineados o de muy buen vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. La movida para enjuiciar a los cuatro integrantes de la Corte no contó con el respaldo de los jefes provinciales del PJ más tradicional y de algunos espacios provinciales. Sin embargo, cualquiera advierte que todo el peso fue trasladado al Congreso: el juicio, la ampliación de la Corte y la reforma del Consejo de la Magistratura.

Desde el kirchnerismo, acaban de dar señales de mayores exigencias, habida cuenta de las escasas chances de avanzar en el Congreso. Primero el gobernador Jorge Capitanich y después el senador Oscar Parrilli pusieron en discusión la posibilidad de que Alberto Fernández avance con esas medidas con la firma de DNU. Es una presión sobre Olivos y, a la vez, una muy peligrosa puerta sobre los alcances del Ejecutivo en un tablero institucional ya deteriorado.

En primer lugar, el reclamo al Presidente se basa en una supuesta “circunstancia excepcional” que allanaría la vía del decreto para los proyectos referidos a la Justicia. El oficialismo, por medios formales e informales, viene tratando de imponer que la responsabilidad exclusiva de la virtual parálisis legislativa corresponde a la oposición. Juntos por el Cambio resolvió no facilitar debate alguno si el oficialismo no frena la movida del juicio político a la Corte. Y no hay mínimas señales de negociaciones serias para tratar de destrabar la situación. Por el contrario, el Frente de Todos hace valer su mayoría apretada en la Comisión de Juicio Político -ajustó su interna para evitar fisuras- y confirmó la primera reunión para el jueves de la semana próxima.

No existen por ahora gestos apuntados a un funcionamiento negociado -como alguna vez existió- en Diputados, que demanda al oficialismo acuerdos mínimos con algunos espacios porque no cuenta con mayoría propia. No se trata sólo de JxC. Es un tejido que debería ser práctica corriente -también para la oposición- en un juego de minorías.

Además de cargar las responsabilidades únicamente sobre la oposición, la demanda al Presidente por los DNU plantea dos cuestiones de fondo, una grave y la otra alarmante. La primera remite a una consideración forzada sobre las “circunstancias excepcionales”, intentando colocar en esa categoría un problema político de funcionamiento en el Congreso. Y la segunda, consiste en adjudicarse como espacio de gobierno la representación del “consenso social” a falta de consenso político. Va a contramano de la lectura electoral y del sentido constitucional.

Ese es hasta el momento el último capítulo que expone el kirchnerismo. Redobla el valor de las fichas que fue jugando el Presidente: el impulso al juicio político de la Corte, la búsqueda de apoyo de jefes provinciales, la inclusión del tema en la convocatoria a extraordinarias y el agregado de los proyectos para ampliar la integración del tribunal supremo -y diluir su actual integración- y reformar el Consejo de la Magistratura.

Con ese cortinado denso detrás, la participación del sindicato de camioneros en controles de Precios Justos tiene impacto más significativo. No se trata de participaciones como las de Barrios de Pie -que divulga recomendaciones para monitorear el efecto real del programa en supermercados-, sino de ocupar el lugar del Estado. Con un agravante como presión: el eco de bloqueos utilizados por la estructura del gremio en diferentes conflictos.

Esa presencia en terrenos que corresponden al Estado expone, entre otras cosas, los límites de medidas como Precios Justos para frenar o contener la inflación, y más aún su sinsentido como remedio extendido en el tiempo. Aún en el supuesto de que tal programa fuera entendido como un parche mientras se desarrollan otras políticas, la carga del oficialismo sobre la Justicia sólo opera en contra. Es un conflicto que agrega deterioro. El equilibrio institucional es un requisito básico para la economía.