Un juez rechazó una cautelar para frenar la designación de la candidata radical en el Consejo de la Magistratura

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick rechazó hoy una medida cautelar pedida por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, para suspender la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el nuevo Consejo de la Magistratura. Ahora el mismo magistrado tiene un plazo de cinco días para resolver sobre el amparo, lo que alarga la definición sobre la integración del organismo que selecciona y acusa a los jueces.

Hace una semana, el magistrado había rechazado una pre cautelar y solicitó informes a la Cámara de Diputados, a cargo de Sergio Massa. Esa respuesta llegó al juzgado recién el viernes pasado. Los abogados de la Cámara baja pidieron que se rechace la cautelar argumentado que “involucra una cuestión que no es susceptible de ser abordada en sede judicial por pertenecer a la “zona de reserva legislativa”.

“Acceder a la medida cautelar peticionada en autos contrariando una resolución cuyo antecedente de derecho no ofrece prima facie dificultades en su interpretación, lesionaría de modo irreparable el interés público comprometido”, agregaron.

Cormick rechazó hoy la cautelar por cuestiones formales. “No puede tenerse por acreditada la “verosimilitud del derecho” del amparista para otorgar la medida cautelar de suspensión solicitada”. Y agregó: “Que la falta de acreditación de la “verosimilitud del derecho exime de analizar el peligro en la demora pues la sola ausencia de uno de los requisitos es suficiente para impedir su procedencia”.

De esa manera, sigue vigente la resolución 0689/22 que dispuso la designación de Reyes.

El magistrado ahora tiene cinco días para resolver sobre el amparo.

El sábado, otro juez del mismo fuero, Pablo Cayssials, había rechazado un amparo presentado por el senador del PRO Luis Juez para que se ordene su designación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El fallo destacó la jurisprudencia que sostiene que “en las causas donde se impugnan actos cumplidos por otros poderes la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, pues ello importaría la invasión que se debe evitar”.

La oposición había cuestionado la maniobra política de la vicepresidenta Cristina Kirchner que permitió la designación del camporista Martín Doñate en lugar del senador cordobés. Sin embargo, el juez sostuvo que la revisión de la designación hecha en el Senado “excede” la función del Poder Judicial. “Admitir el planteo de los amparistas implicaría adentrarse respecto de la valoración de la temporaneidad o de la subjetividad de la partición del Bloque Frente de Todos, todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes, poniéndose en riesgo -en palabras del Máximo Tribunal– el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos”, sostuvo Cayssials.

Este lunes, el senador Luis Juez, junto a su colega Humberto Schiavoni, apelaron ese fallo por lo que ahora deberá intervenir la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. De esta manera, la asunción de los representantes del Congreso seguirá pendiente.

“La sentencia del 30/04/2022 que por el presente se apela, nos genera un gravamen irreparable, toda vez que, en caso de quedar firme, se completaría el Consejo de la Magistratura con un tercer senador oficialista sobre el total de 4 que la ley prevé para integrar el órgano por parte del H. Senado de la Nación, ello en violación al derecho adquirido por la segunda minoría (Bloque Frente Pro), a integrar el Consejo en ese carácter”, dice la presentación a la que tuvo acceso Infobae.

Y agrega: “Estamos ante una cuestión de pleno derecho, claramente jurídica y no política, en la que corresponde determinar cuándo debe verificarse qué bloque es el que reviste la calidad de segunda minoría”.

El Consejo de la Magistratura, bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, comenzó a funcionar la semana pasada con 18 miembros. Es solo una formalidad. De hecho, el organismo está paralizado mientras se define el conflicto en la Justicia.

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