Piqueteros preparan dos protestas masivas en abril y el Gobierno endurece su discurso

El bloque de “Unidad Piquetera”, que integran organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda, tiene definido al menos realizar dos protestas masivas durante el mes de abril, luego del multitudinario acampe en la 9 de Julio que jaqueó el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de ampliación de los programas sociales y un refuerzo de la ayuda alimentaria en los comedores. La efectivización de las medidas de fuerza en el microcentro porteño dependerán de las negociaciones y si se llega a un acuerdo con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta.

Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente del Polo Obrero, confirmó a Infobae que para el próximo 13 de abril tienen votada una protesta “fuerte”, en el marco del plan de lucha resuelto por la constelación de las agrupaciones territoriales que son opositoras al Poder Ejecutivo. No será la única. Hacia fin de mes habrá otra acción callejera similar, en la medida que el desacuerdo sobre la distribución de la ayuda social y económica se mantenga con el gobierno de Alberto Fernández. Se habla de una “marcha federal” desde todos los puntos del país hacia la Casa Rosada.

“No queremos hacer eje en las características de las medidas, sino en la necesidad de que el Gobierno convoque a una reunión urgente”, apuntó el dirigente de izquierda.

Este plan de lucha se había definido hace dos semanas. La expectativa de las organizaciones territoriales y sociales es profundizar sus reclamos con medidas extraordinarias. El planteo es que se desembolse un fuerte incremento de la asistencia alimentaria y la incorporación de más beneficiarios al Potenciar Trabajo, el programa social que consiste en la mitad del pago de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por sus tareas en las cooperativas de trabajo. Es el punto más difícil de acordar, porque el Gobierno definió desmontar progresivamente estos planes sociales -que totalizan 1,2 millones de beneficiarios- para reemplazarlos con convenios en el sector privado por puestos de trabajo “genuinos”.

La semana pasada, el sector de la dirigencia piquetera que no comulga con el Frente de Todos realizó una demostración de fuerza con un acampe de 48 horas frente a la sede del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Miles de manifestantes junto a sus familias permanecieron sobre la traza de la avenida 9 de Julio, a la altura de Moreno, ante el edificio que se destaca por la figura de Eva Perón.

En la última convocatoria adhirieron una treintena de organizaciones que integran el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad y otras que están por fuera de esa constelación política. Estuvieron el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, el MST-Teresa Vive, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), entre otras. También participaron de esas acciones el brazo territorial de Libres del Sur y el Polo Obrero “Tendencia”, la organización que responde a Jorge Altamira.

La convocatoria tuvo un fuerte impacto en el tránsito del centro porteño, con la circulación del Metrobus interrumpido y un caos vehicular en la zona desde el miércoles del mediodía hasta el viernes. A raíz del aumento de la conflictividad callejera, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, pidió una reunión esta semana con Zabaleta y su par de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández para evitar el paso las columnas hacia la Ciudad de Buenos Aires que, según los cálculos de la administración capitalina, representó el ingreso de 20.000 personas, entre ellas, “mujeres, niños y bebés”.

Los reclamos están dirigidos, puntualmente, hacia Aníbal Fernández. Cerca de D’Alessandro aseguran que pueden garantizar la circulación de “grupos violentos” y pequeños, como el desalojo de la Autopista 25 de Mayo que se hizo “en menos de 20 minutos”, pero que se tiene que trabajar “coordinadamente” frente a movilizaciones masivas.

“Si el Gobierno Nacional no toma la decisión política de controlar el ingreso a CABA en los accesos, como el Puente Pueyrredón y las estaciones ferroviarias, una vez que están dentro ni acá ni en ninguna Ciudad del mundo se puede disuadir una movilización de semejante magnitud”, señalaron voceros del gobierno porteño.

Las acciones cumplieron con su objetivo de generar incomodidad y malestar en la gestión de Alberto Fernández. Como respuesta a las protestas, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social endurecieron su discurso, pese a que las partes se habían reunido el lunes pasado para encontrar puntos en común y acuerdos. Empezaron a hablar de “aprietes”, “extorsión” y “desmesura” en el reclamo de mayor asistencia social.

“Entendemos que hay derechos constitucionales y lo respetamos, pero basta de apretar a los argentinos. Lo que pasa en la 9 de Julio es una pelea de laburantes contra laburantes”, sostuvo hoy en diálogo con radio Mitre “Juanchi” Zabaleta. “Los argentinos que transitan por la 9 de julio, los taxistas, los remiseros y las mujeres que usan el Metrobús también tienen derechos”, agregó.

“No hace falta cortar calles para hablar con el ministro y con el equipo del ministro. Queremos retomar el diálogo”, afirmó Zabaleta.

La conflictividad callejera crece al calor de los altos niveles de carestía. En el cuarto trimestre de 2021, la pobreza alcanzó el 37,2% de la población y el 8,2% vive en condiciones de indigencia. Son unas 17,4 millones de personas estimadas. Si bien es una mejora relativa desde el momento más duro de la pandemia, cuando había llegado al 42% de pobreza, se mantienen por encima de los niveles que dejó el gobierno de Mauricio Macri

En este contexto, los desacuerdos sobre el manejo de la cuestión social amenaza con hacer mella en el Frente de Todos. De manera visible, algunas organizaciones que forman parte del oficialismo se mostraron de acuerdo con los reclamos. El MTE de Juan Grabois, y el Frente Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez protestaron la semana pasada en Avenida de Mayo al 800 por los retrasos de entrega de comida. Y Grabois se acercó a solidarizarse con Belliboni en el último acampe, pese a estar orgánicamente en veredas partidarias adversarias. “Le pedimos (a Grabois) que rompa con el Gobierno y que luche con nosotros”, reveló Belliboni en entrevistas a la prensa.

El Desarrollo Social no le cierran las puertas al entendimiento con la dirigencia piquetera, pero las miradas son opuestas. Reconocen que no tienen implementar la capacidad de aplicar medidas rápidas para modificar el panorama económico de todas las familias afectadas. En “Unidad Piquetera”, más allá de los reclamos puntuales, tienen un planteo político de fondo. Presentaron un plan para generar “un millón de empleos”, lo que está por fuera de las posibilidades de la Casa Rosada.

“No le vamos a transformar la vida a 17 millones de argentinos, pero empezamos a marcar un camino. Queremos dejar una huella”, definió esta mañana Zabaleta.

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