Al margen de las diferencias políticas que afloraron en Juntos por el Cambio después de vencer al Gobierno en las últimas elecciones, la principal coalición opositora tiene una postura sólida y común respecto a la negociación que emprenden Alberto Fernández y Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Juntos por el Cambio no hará un respaldo súbito, automático y a libro cerrado del eventual acuerdo con el Fondo, aunque la maquinaria política y mediática del Gobierno impute una cuota importante de la actual crisis económica a la deuda de 44.000 millones de dólares que Mauricio Macri contrajo cuando ocupaba la Casa Rosada.
Alberto Fernández y su ministro de Economía aseguran que Macri utilizó el crédito Stand-By del FMI para garantizar los negocios financieros de sus amigos. Y sobre esta línea argumental exigirán a la oposición que apoyen las condiciones económicas negociadas con el Fondo para obtener un crédito de Facilidades Extendidas.
El planteo político de Balcarce 50 es sencillo de explicar: Argentina enfrenta una crisis económica por la combinación del Gobierno de Macri y la pandemia. Ergo: la oposición debería hacer una mea culpa y apoyar sin reparos la negociación que la Casa Rosada emprende con el Fondo en DC.
Junto a este discurso público, el Presidente y Guzmán harán una apuesta política a la revisión que presentará el FMI sobre el crédito Stand-By concedido a Macri en 2018. Esa revisión sucederá en la semana del 20 de diciembre en Washington y su contenido técnico fue elaborado durante más de un año por Odd Per Brekk, vicejefe del Departamento de Asia y Pacífico del Fondo.
Brekk es un economista de origen noruego y consultó a casi todos los funcionarios de Macri que tuvieron responsabilidad política al momento de cerrar el Stand-By previsto en 57.000 millones de dólares. No fue entrevistado Luis “Toto” Caputo, el titular del Banco Central que Macri eyectó por presión directa de Christina Lagarde, entonces directora gerente del FMI.
Pero el research técnico de mister Brekk no terminó en la administración Macri. También abarcó a los actuales funcionarios de la presidencia de Alberto Fernández. Es más: si no hay cambio de agenda, vía zoom, Brekk entrevistaría esta semana a Guzmán, que tiene mucho para decir sobre las condiciones establecidas por el FMI para el crédito Stand-By que finalmente quedó acotado a 44.000 millones de dólares.
La difusión pública del Informe Brekk puede abrir un interesante debate sobre el papel del FMI y las condiciones estructurales de los créditos concedidos a los países emergentes. Exfuncionarios de Macri sostienen que no hay nada que reprochar a Macri y su gestión económica porque en definitiva el board del Fondo desembolso las alícuotas del crédito Stand-By sin presentar objeciones.
“Giraron los dólares y nos aprobaron en el board todas las revisiones. Nosotros cumplimos y todos los directores del board avalaron nuestras medidas. No hay ninguna objeción técnica que hacernos. Lo demás será pura política para el frente interno y los medios”, argumentó un miembro del Gabinete de Macri que participó en la cocina del Stand-By.
Alberto Fernández y Guzmán piensan al revés. El presidente y su ministro consideran que la política del FMI fue un fracaso porque se consintió el uso del Stand-By sin que ello implicará -supuestamente- un beneficio estructural para la Argentina.
“Se fugaron los 44.000 millones de dólares, y ahora hay que hacerse cargo. Cómo pueden decir que ellos cumplieron con todo. Aquí hay responsabilidad compartida: del FMI y de Macri y su gobierno”, se afirmó en las cercanías del jefe de Estado.
El Informe Brekk -casi cien páginas escritas en inglés- será tironeado por Alberto Fernández y Mauricio Macri. Cada uno interpretará su contenido a gusto y piacere, y al final del día debería haber una tregua tácita para coordinar una hoja de ruta que permita sancionar en ambas cámaras el Memorándum de Entendimiento que Guzmán pretende cerrar con el FMI.
Con todo, no hay una solo hecho político que permita sostener que el Congreso aprobará el Memo con el Fondo antes de las campanadas del 31 de diciembre.
La delegación de Economía y el Banco Central que viajó a Washington negociará con el staff del FMI hasta fines de esta semana. Y a continuación Guzmán hará un informe detallado al jefe de Estado y a Cristina Fernández de Kirchner, que a regañadientes aceptó los términos de la negociación que diseñó el ministro de Economía.
Cuando Alberto Fernández y CFK revisen las resultados de la última negociación en DC, el Gobierno estará en condiciones de enviar a Diputados su Plan Plurianual. Pero ese Plan no es el Memorándum de Entendimiento con el FMI, y la oposición sólo moverá cuando conozca que condiciones económicas y financieras se están acordando entre Guzmán y Kristalina Georgieva.
La coalición opositora explicará en público que no participará del proceso de negociación con el FMI. Sin embargo, representantes parlamentarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio ya tienen un fluido diálogo secreto para evitar sofocones institucionales en Argentina y ante la comunidad internacional.
Alberto Fernández pretende un fuerte mayoría en el Congreso, y este deseo político sólo se puede cumplir con una negociación reservada que tome en cuenta las opiniones y los consejos de la oposición. Desde esta perspectiva, Sergio Massa será un jugador clave para lograr consensos parlamentarios en una coyuntura política cruzada por la desconfianza y los egos personales.
El Presidente no es confiable para los líderes más influyentes de Juntos por el Cambio -Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Elisa Carrió-, pero ellos asumen que los resultados de la negociación con el FMI impactarán en su agenda política y en sus aspiraciones de poder en 2023.
En este escenario de toma y daca, la coalición opositora no tiene otra alternativa que negociar con el Frente de Todos. Ya sea para influir en los resultados, o para hacer un preventivo control de daños. La deuda es un asunto crucial que puede afectar gobiernos, crucificar a la oposición o abrir un vacío de poder con final inédito.
Juntos por el Cambio no aceptará un ajuste sobre la clase media -su base electoral- y votará a favor sólo si coincide con las metas económicas y financieras del programa establecido entre la Argentina y el FMI.
Será un verano complejo, cruzado por la incertidumbre y las negociaciones secretas. Moverá Alberto Fernández, cuando sepa que Guzmán y Georgieva hayan alcanzado un acuerdo mínimo que satisfaga al Gobierno y a la Casa Blanca.
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