Daniel Capitanich, el embajador argentino en Nicaragua, lleva casi dos meses en el país sin actividad oficial

Mateo Daniel Capitanich regresó de Managua, la capital de Nicaragua, donde se desempeñaba como embajador argentino, el lunes 21 de junio. Fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, para que presentase un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. Pasaron 54 días y el político chaqueño sigue en nuestro país sin actividad oficial.

Unos pocos días después de la convocatoria de Solá, el hermano de Jorge Milton -el actual gobernador de Chaco y ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner- le presentó un escrito al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti, del que no trascendieron mayores detalles. Luego de permanecer en Buenos Aires durante un tiempo se marchó a su provincia, donde muy pocas personas lo vieron mostrarse en público.

En estos días Daniel Capitanich se limitó a publicar algunos tuits sobre acciones del Gobierno Nacional, por la conmemoración de las Fiestas Patrias o por la conquista de la Copa América del seleccionado argentino en Brasil.

“A Managua no volverá hasta que no haya señales de distensión en Nicaragua”, informó un allegado al embajador quien fue designado por el Senado de la Nación el 31 de agosto del año pasado. En diciembre el dictador sandinista Daniel Ortega, y su vice Rosario Murillo recibieron sus cartas credenciales. En las fotos en las que aparecen los tres en Twitter, todos sonríen.

Mientras uno de los embajadores “políticos” que designó el gobierno de Alberto Fernández está en Argentina, en Nicaragua la situación es cada vez más tensa. Cuando se lo retiró de su destino, en junio, el panorama social rumbo a las elecciones presidenciales que se efectuarán el 7 de noviembre donde Ortega y Murillo buscarán la reelección, estaba cada vez más convulsionado, con la detención arbitraria de varios de los candidatos opositores.

Hace apenas unas horas, el régimen de Ortega dispuso el cierre del diario La Prensa, el último que seguía publicándose en papel, y dispuso encarcelar a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, tras el registro de la sede del periódico y el inicio de una investigación contra el medio por supuestos “delitos de fraude y lavado de dinero”. Las autoridades policiales accedieron a sus instalaciones, mantuvieron retenidos e incomunicados a periodistas y colaboradores y cortaron el acceso a Internet y a servidores.

Varios países y organismos internacionales manifestaron su repudio y condenaron este acto de las autoridades nicaragüenses. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “la constante persecución oficial a la prensa en Nicaragua”.

Por otra parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos realizó un llamado a Ortega “para que respete la libertad de expresión de La Prensa en lugar de actuar para silenciar los informes independientes”, según indicó en su cuenta de Twitter. También se expresaron en el mismo sentido organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional. El director de la División de las Américas de la ONG HRW, José Miguel Vivanco, consideró en su Twitter que “Ortega ya destruyó cualquier posibilidad de elecciones justas. Si la comunidad internacional no reacciona, Ortega va a convertir a Nicaragua en un agujero negro”.

La comunidad internacional denunció la situación represiva que se vive en la nación centroamericana. Por eso han llamado a consultas a sus embajadores en Managua Argentina, Costa Rica, España, México y Colombia, por la falta de garantías de este proceso electoral.

En el caso argentino el llamado a consultas a Capitanich se produjo seis días después de la abstención argentina en la Organización de Estados Americanos (OEA) con una resolución de condena a Managua en la que se exigía la liberación de los opositores encarcelados. En ese momento, el canciller argentino, Felipe Solá, dijo a Infobae en Nueva York sobre la situación de Capitanich que “hay tres figuras. Lo primero es la convocatoria a consultas, lo segundo, el retiro del embajador, y lo tercero, la ruptura de relaciones. El llamado a consultas implica un malestar del país que llama hacia el país en el que está el embajador. Vamos a ver la evolución en Nicaragua, vamos a dialogar con el embajador y en función de eso estableceremos cuándo volverá”.

Solá también había respondido en ese mismo reportaje que Argentina respetaba “una sola línea, que el día 11 de junio nosotros enviamos una carta, que el canciller de Nicaragua me hizo saber que no le gustó, en la que le demandábamos el cumplimiento de los derechos humanos por las detenciones y le pedíamos que liberara a esos presos que tienen importancia política, porque es difícil creer en un proceso electoral si figuras opositoras no pueden moverse, no pueden actuar. Le pedimos también a nuestro embajador que visitara a los presos, y resultó que los presos estaban incomunicados. El día 15, cuatro días después, se votó en la OEA y nosotros tuvimos objeciones. Algunas fueron atendidas y otras no y decidimos entonces abstenernos”.

Cuando decidió convocar a su embajador, Alberto Fernández habló antes con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y ambos coincidieron en la necesidad de retirar a sus representantas diplomáticos para presionar a la dictadura sandinista de Ortega, que quiere prolongar su estadía en el poder por otros 5 años.

“Con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”, sostenía el comunicado que informó sobre el traslado a Buenos Aires y Ciudad de México de los embajadores asignados por Alberto Fernández y AMLO, Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez.

En ese momento se trató de un gesto diplomático de los dos países que exhibía el malestar por la situación política que protagonizaba Daniel Ortega a pocos meses de los comicios que pueden extender su dictadura por cinco años más.

Mateo Daniel Capitanich, quien prefiere ser nombrado por su segundo nombre, creció en la política a la sombra de su hermano Jorge. Nació en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) en 1969 y es productor agrícola. Fue elegido como intendente de Campo Largo, una localidad chaqueña de alrededor de 8.000 habitantes, para el período 2011-2015. Luego fue vicegobernador provincial de Domingo Peppo entre 2015 y 2019. Se postuló en las últimas elecciones para intendente de su ciudad natal pero no ganó las elecciones.

Siempre se identificó con la actual vicepresidente, Cristina Kirchner. Y basado en ese perfil es que accedió a su actual puesto en Nicaragua. Adonde por ahora, no tiene previsto volver.

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