Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara a favor de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) lanzó una campaña a través de las redes sociales para denunciar a establecimientos educativos que ejerzan presión por la presencialidad, o no garanticen el normal funcionamiento de la modalidad virtual.
“Familias: si el colegio presiona para que se vuelva a la presencialidad o si no garantiza las clases virtuales, pueden llamar al 168”, dice el mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram del organismo a cargo de Victoria Donda.
Desde el Inadi señalaron que, en el contexto actual de restricciones por la segunda ola de coronavirus, la obligación de los colegios para que los alumnos cursen de manera presencial, o las diferencias de contenidos, pueden ser considerados “hechos discriminatorios”, por lo cual ofrecieron una línea telefónica para que las familias se comuniquen y reporten casos de este tipo.
Así lo explican al pie del posteo ilustrado con el dibujo de una joven: “En este contexto de pandemia y en los distritos que cuentan con restricción a la presencialidad escolar, la exigencia de mandar a les hijes al colegio, como así también las diferencias de contenido entre quienes asisten físicamente y quienes cursan virtualmente, pueden ser considerados como hechos discriminatorios”.
“Nuestra línea 168 está disponible para quienes requieran asistencia en ese tipo de casos. Podés comunicarte desde todo el país, todos los días de 9 a 19 hs”, agrega el texto.
La iniciativa del organismo alimentó la discusión que se ha generado entorno a la presencialidad en las aulas, un debate en el que también se pronunció esta semana la propia Donda: “¿Desde cuándo la Justicia decide las medidas sanitarias que un presidente puede tomar en medio de una emergencia de carácter internacional? La defensa de la salud, la vida y las instituciones democráticas están por sobre todo lo demás”, concluyó terminante la funcionaria en sus redes.
La campaña cosechó comentarios a favor y en contra, siempre enfocados en la discusión jurídica sobre el modo de educación durante la pandemia que fue zanjada el martes pasado, cuando la Corte Suprema aceptó una demanda del gobierno porteño en la que el máximo tribunal le reconoció su autonomía para decidir sobre el modo del dictado de clases en su distrito.
Entre quienes cuestionaron al Inadi, se expresó el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff. “La locura es total”, tuiteó el legislador junto con la captura de la publicación. En sintonía, el presidente de la Coalición Cívica - ARI y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, escribió: “Señora Interventora del Inadi. El mayor hecho discriminatorio es no garantizar el derecho social a la educación y una presencialidad cuidada y con protocolos”.
Respecto de la cuestión, el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Guillermo Scheibler ratificó hoy que los padres y madres pueden optar por la modalidad virtual para la educación de sus hijos y no por las presenciales, tal como rige en el distrito.
El magistrado ordenó que para quienes elijan educación a distancia, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no puede computarles las faltas ni quitarles las vacantes. La resolución debe ser comunicada en un día “a todos los establecimientos educativos” de la ciudad.
Se trata de una causa que se inició en marzo cuando 24 familias con hijos en edad escolar pidieron reformular el protocolo de clases de modo que el gobierno porteño les garantice la modalidad virtual porque querían resguardarlos ante el avance de casos de coronavirus y la obligatoriedad de mandar a sus hijos al colegio.
En el reclamo señalaron que en el protocolo actual solo están exceptuados de ir a los colegios los alumnos con enfermedades preexistentes que pueden agravarse con el virus o familiares con los que convivan que estén en la misma situación de salud. También están exceptuados los docentes con comorbilidades.
El juez Scheibler avaló el reclamo de los padres y madres el 19 de abril ante el Decreto 241 del presidente Alberto Fernández que ordenó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires se dicten clases virtuales. La medida venció el 30 de abril y el magistrado dictó una nueva cautelar en favor de los demandantes.
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