El Gobierno busca acordar con la oposición una agenda común vinculada a la coparticipación, la ley de la pandemia y la postergación de las PASO

De ahora en más, Alberto Fernández pretende que las diferencias con Juntos Por el Cambio se diriman políticamente y no se judicialicen como sucedió con el DNU que suspendió la educación presencial en el AMBA, que derivó en que la Corte Suprema fallara en favor del Gobierno de la Ciudad. Luego de acusar a los jueces del máximo tribunal de jugar electoralmente para Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente busca dar vuelta la página y acordar con la oposición tres temas centrales para lo que resta de un año electoral marcado por la segunda ola de COVID-19.

El Poder Ejecutivo Nacional y Juntos Por el Cambio tienen una agenda de intereses mutuos en tres temas: la coparticipación federal de impuestos, una ley de pandemia y la postergación de las elecciones. El Gobierno propone al principal espacio opositor llegar a algún tipo de acuerdo sobre estos puntos en un escenario político y estrictamente alejado de las decisiones judiciales.

El único tema que se encuentra bajo decisión de la Justicia es el de la coparticipación federal de impuestos, donde la Corte Suprema se encuentra estudiando si es constitucional recorte ordenado por Alberto Fernández. El máximo tribunal convocó para el próximo miércoles a una nueva reunión entre el Gobierno Nacional y la Ciudad para acercar posiciones. En medio de un clima de confrontación entre Casa Rosada, Horacio Rodríguez Larreta y la Justicia por la educación presencial, en la audiencia de conciliación del 21 de abril no hubo acuerdo.

Mauricio Macri estableció la coparticipación porteña en 3,75 por ciento, después la redujo al 3,50 por reclamo político de los gobernadores peronistas. En los 3,50 de coparticipación, estaban incluidos los 0,92 destinados a financiar los gastos de la Policía Federal que se trasladaba a la Ciudad de Buenos Aires. Desde el primer momento, Alberto Fernández consideró que el porcentaje de coparticipación que había decretado Macri era excesivo y alegó que no le correspondía a la Ciudad. Por decreto resolvió una quita unilateral que dejó ese porcentaje en 2,32.

El recorte en los fondos y la posterior aprobación, en el Congreso Nacional, de la ley significó que en definitiva la coparticipación de CABA pasó a ser del 3,5% a un 1,4% del Presupuesto. Según sus estimaciones, la Ciudad percibirá anualmente 62 mil millones de pesos menos.

Por lo pronto, el Gobierno convocó a Larreta para negociar el traspaso de fondos para la Policía de la Ciudad. La reunión se llevará a cabo el 18 de mayo

Según la nueva iniciativa, la cifra que percibirá la Ciudad será actualizada de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad. Para la administración porteña, ese monto no es suficiente para que Rodríguez Larreta afronte los gastos que implica mantener el funcionamiento de la fuerza de seguridad. Sospechan que se trata de una nueva quita de fondos pero se definirá cuando se vean las caras dentro de 11 días. Larreta no va a retirar su cautelar y demanda contra el Estado Nacional, más allá de lo que se discuta en la próxima reunión.

Elecciones

Respecto de la postergación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, hoy a las 17 habrá un encuentro entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los presidentes de los principales bloques opositores en el Salón de los Escudos de la cartera de Interior, con el objetivo de comenzar a allanar el camino para su oficialización.

El argumento formal del oficialismo es que deberían postergarse las elecciones debido al contexto epidemiológico en el que la Argentina se encuentra con un alto número de contagios diarios con su consecuente ocupación de camas de terapia intensiva y sin transitar aún los meses más fríos del año.

Pero hay una razón política detrás del argumento sanitario. El Gobierno necesita ganar tiempo para avanzar con la campaña de vacunación y ver si su gestión frente a la pandemia le genera rédito político al igual que un ansiado rebote de la economía producto de la asistencia estatal y de la suba del precio de la soja.

Manejo de la crisis sanitaria

La próxima discusión será la confección de una ley para transitar la pandemia. El Gobierno no quiere dictar decretos que queden a merced de la Corte, prefiere acordar con la oposición un marco legal. Si bien fundamentalmente debe ser consensuada en la Cámara de Diputados, con los gobernadores se negociará para que traccionen a los senadores y así lograr que la ley salga por unanimidad.

Alberto Fernández habló de una ley “para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.

El proyecto de ley al que hizo referencia está siendo trabajado en estos momentos por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y será enviado en los próximos días al Congreso de la Nación para que sea debatido.

En Juntos Por el Cambio Sostienen que para avalar la ley de la pandemia, ésta deberá permitir articular las facultades de las provincias, preservar los derechos individuales, pero por sobre todas las cosas consideran que se debe evitar que sea una ley de superpoderes para la Casa Rosada.

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