En todas las épocas, durante casi dos años con Mauricio Macri y también ahora, la idea de algún tipo de “pacto fiscal” asoma únicamente en tiempos de ajuste, con intenciones de recorte o contención del gasto y de la presión tributaria en las provincias. Un clásico: nunca un compromiso federal en épocas de respiro económico, entre crisis y crisis, que remita además a la muy postergada discusión sobre la coparticipación de impuestos. La visita del FMI que acaba de comenzar terminó de poner sobre la mesa ese menú para los gobernadores. Ya no se trataría de un tanteo sino de un camino decidido aunque aún no allanado del todo.
Las conversaciones y sondeos sobre un trato o “consenso fiscal” venían hasta ahora en un segundo plano de atención, con impulso de Martí Guzmán, designado y más consolidado en ese papel por Alberto Fernández, y con agenda práctica de Eduardo Wado De Pedro. La negociación con el Fondo lo colocó en foco y un par de tuits de Elisa Carrió constituyeron la primera reacción crítica de la oposición. El tema quedó instalado: la inquietud de la líder de la Coalición Cívica coincide con la impresión inicial de algunos referentes radicales y traduce la inquietud que circula cerca de Horacio Rodríguez Larreta.
Este tipo de tratativas con los jefes provinciales suelen repetir temario. Y ésta no sería la excepción, según los trascendidos. En primer lugar, el objetivo sería amortiguar la incidencia de los impuestos locales en las cuentas de las empresas. No es nuevo y la mira siempre está puesta en Ingresos Brutos. En segundo término, se apuntaría al tipo de endeudamiento de las provincias. Y finalmente, como siempre -a cambio de asistencia del poder central- el Gobierno demanda que cada distrito renuncie a los reclamos contra la Nación.
Eso último, la imposición de algún tipo de límites a la capacidad de las provincias, fue rozado durante el debate del Presupuesto 2021 en Diputados. Y anticiparía una posición crítica del interbloque que encabeza Mario Negri. Es, por lo demás, una cuestión compleja desde el punto de vista jurídico.
El problema con las provincias es más complicado. Y no queda claro si esta negociación encarada por el Gobierno tiene relación con la promesa hecha a mediados de septiembre por Alberto Fernández sobre la creación de un fondo especial de asistencia al conjunto de las provincias. No hubo precisiones posteriores. Pero emergió en medio de cierto malestar derivado del recorte de fondos a la Ciudad para transferirlos exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.
Aquel no fue un elemento aislado. El Gobierno no discute temas vinculados a la coparticipación y en cambio, como ha sido de práctica en sucesivas gestiones, utiliza según sus criterios los fondos extraordinarios. Más de la mitad de esas partidas extras fueron asignadas a la mayor provincia del país, territorio político de Cristina Fernández de Kirchner. Algo que no guarda relación con el porcentaje de la provincia en el reparto de coparticipación.
La negociación con el Fondo le pone un marco más rígido a la relación con las provincias. Y eso resulta más transparente luego de que el ministro de Economía confirmara que, como era previsible, el Gobierno negocia con el Fondo un acuerdo de facilidades extendidas. Ese tipo de trato genera tiempos largos para el pago de la deuda, pero impone a la vez compromisos de cambios o reformas en terrenos sensibles, como el sistema previsional o el esquema impositivo.
El Gobierno ya ha mostrado su decisión de ir llenando los primeros casilleros del borrador para el entendimiento. El proyecto de movilidad jubilatoria va en esa dirección. Según los especialistas en la materia, el mix entre la evolución del índice salarial y la recaudación de impuestos –con tope- podría producir dos resultados: un retraso en el caso de una eventual mejora y una pérdida de ingresos si la inflación desborda. Por supuesto, queda sin recuperación alguna la caída de los dos últimos años.
En ese contexto, en el Gobierno admiten que el nivel de déficit podría ser mayor según cómo avancen las conversaciones con la misión del Fondo. Y aspiran a lograr respaldo político. En el plano interno, fue un ingrediente mayor el compromiso sobre el proyecto de movilidad jubilatoria compartido por Sergio Massa y Máximo Kirchner. Hacia afuera, en este punto, el mensaje de Juntos por el Cambio resultó fuertemente crítico.
Otras evaluaciones seguramente condimentarán la respuesta opositora al impulso de un “pacto fiscal”, porque involucra directamente a los gobernadores radicales y al jefe de Gobierno porteño. En ese paño, Olivos cuenta con fondos y otras herramientas para negociar. La señal que está a la vista reproduce la lógica del FMI. Busca imponer condiciones para oxigenar la situación financiera.
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