El fiscal en lo contencioso administrativo federal Miguel Angel Gilligan dictaminó a favor de rechazar el amparo que el juez federal Germán Castelli presentó para que se declare inconstitucional la revisión de su traslado al Tribunal Oral Federal 7.
El fiscal sostuvo en su dictamen al que accedió Infobae que cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación emitió una resolución en la que sostuvo que se debían revisar los traslados de 10 jueces -entre ellos el de Castelli- no significó ningún perjuicio para el magistrado. “Se advierte que el acto cuestionado carece por sí mismo de aptitud suficiente para modificar los traslados/nombramientos”, sostuvo Gilligan.
Sobre el nombramiento de los jueces, el fiscal recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que anunció que el martes intervendrá en el caso- “ha sostenido enfáticamente que resulta indispensable para la designación de los magistrados y el ejercicio de la función judicial, en sintonía con los principios de independencia e inamovilidad de los jueces,la intervención obligatoria del Poder Ejecutivo, precedida de la selección y emisión de propuestas en ternas vinculantes formuladas por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, de conformidad con los preceptos de la Constitución Nacional y la forma representativa de gobierno”.
Castelli inició un amparo para que se declare inconstitucional la resolución del Consejo. Sostuvo que su traslado al Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py, donde tiene el caso de los cuadernos de la corrupción, se hizo cumpliendo todas las reglamentaciones vigentes. El Consejo dice que no y que principalmente no pasó por el Senado para su designación, tal como fija la Constitución. Castelli señala que una acordada de la Corte Suprema estableció que en su caso no debía pasar por el Senado.
El fiscal Gilligan eludió en su dictamen pronunciarse sobre si el traslado de un debe pasar o no por el Senado. “Lo dicho no implica emitir opinión o adelantar pronunciamiento sobre la necesidad o no del requisito de un nuevo acuerdo del Senado, para disponer el traslado de jueces entre tribunales que se ubiquen dentro del Fuero Federal, tratándose de cargos de igual jerarquía, y cuando la competencia en razón de la materia es igual o similar”, opinó el fiscal.
Tampoco hizo referencia sobre la decisión del Senado de no aprobar el traslado de Castelli ni del Poder Ejecutivo de emitir un decreto que dejó sin efecto el traslado ya que no forman parte de la causa ni fueron convocados. Inclusive, el fiscal Gilligan sostuvo que el amparo ya no tiene efectos porque se presentó contra una resolución del Consejo de la Magistratura que perdió vigencia por las actuaciones del Senado y del Poder Ejecutivo.
El dictamen de Gilligan pasó a la jueza Macarena Marra Giménez, quien deberá resolverlo. Lo que resuelva podrá ser apelado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y luego a la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal ya tiene el caso.
La situación de Castelli es similar a la de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron trasladados a la Cámara Federal de Comodoro Py. Los traslados fueron dejados sin efecto e iniciaron causas judiciales.
Mas allá que las causas están en las instancias inferiores, los tres jueces presentaron per saltum para ir a la Corte Suprema y que allí se declare inconstitucionales las medidas que anularon sus traslados. Los magistrados alegan que una acordada de la Corte los avala.
Esta semana el máximo tribunal anunció que el próximo martes sus jueces -Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti-, tratarán el per saltum y Bruglia, Bertuzzi y Casteli tuvieron ayer una marcha de apoyo en el Palacio de Justicia.