La defensa de Lázaro Báez finalizó su alegato: “Si hubiera dicho algo a favor del anterior gobierno no estaría preso”

Los abogados del empresario K aseguraron que no tuvo nada que ver con la compra de la financiera SGI y trataron de desligar a los cuatro hijos

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)
Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)

“Los hijos y las hijas no son responsables ni culpables”. Luego de casi dos años de juicio oral, Lázaro Báez intentó desmarcar a sus hijos de la maniobra de lavado de dinero que le permitió reingresar al país unos USD 55 millones. En el tramo final del alegato, los abogados del empresario aseguraron que hubo una “persecución contra sus hijos” y destacaron que tres de ellos (Leandro, Melina y Luciana) “ni siquiera formaron parte de las apertura de las cuentas ni de la gestión empresarial”. Además, insistieron adjudicar las acusaciones contra Báez a una maniobra política y pidieron su absolución.Todos lo sabemos, si Lázaro Báez hubiera dicho algo a favor del anterior gobierno hoy no estaría preso”, afirmó uno de los abogados.

El alegato de la defensa de Báez se extendió durante cuatro audiencias. Aunque no le tocaba hablar, y recién tendrá la chance con las últimas palabras, el empresario se ausentó de todas las audiencias. Desde que se reanudó el juicio, se negó a participar desde la sala de videoconferencia de la cárcel de Ezeiza por temor al contagio del Covid-19.

Los abogados de Báez dedicaron buena parte del alegato a tratar de desligitimar la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña, al que se refirieron irónicamente como “testigo estrella”. Una y otra vez, lo calificaron de “mitómano”. Solo admitieron que “gestionó el crédito” con Nación Fideicomisos, pero aseguraron que el contador “Claudio Bustos se hizo cargo del desarrollo del negocio”.

Durante el extenso alegato, el abogado Juan Martín Villanueva, que se sumó a la defensa hace pocos meses, repitió varias veces que Fariña es un “mentiroso compulsivo” y leyó varios segmentos de la causa de Dolores, donde nunca fue citado a declarar, para intentar instalar que su relato estuvo “guionado” por servicios de inteligencia.

Los abogados de Báez intentaron minimizar los vínculos de Báez con SGI, aunque la compra de esa financiera estuvo a cargo de Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. “Ninguna relación tiene nuestro cliente con la compra de SGI, Elaskar reconoció que nunca lo conoció a Báez y negó el relato de Fariña sobre la compra de SGI. Lázaro nunca concurrió a sus oficinas, ni lo vieron ni lo escucharon nombrar”, dijo su abogado.

Sobre los videos de La Rosadita, donde aparecían Pérez Gadín y Martín Báez, entre otras personas, contando billetes, el abogado aseguró que estaban “editados” y que “nunca se respetó la cadena de custodia” de los mismos. Además, reiteró que el dinero que se contaba en la financiera “era el producto de los terrenos de North Ville”, un condominio ubicado en Pilar.

En otro tramo del alegato, el abogado sostuvo que las querellas y la Fiscalía no pudieron probar el traslado de bolsos con dinero desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de San Fernando en los aviones de Top Air, la empresa aérea de Báez. “Los ochos pilotos dijeron que no vieron dinero en los bolsos”, advirtió.

Durante las cuatro audiencias, hubo varias referencias al contexto político de la causa. “Fue una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”, lanzó la abogada Elizabeth Gasaro en la primera audiencia. Villanueva, que protagonizó el alegato con más 20 horas de exposiciones, agregó hoy que la causa “no es la ruta del dinero K porque no hay funcionarios K procesados”.

Es más, sostuvo que “si (Báez) hubiera dicho algo a favor del anterior gobierno hoy estaría preso” y que el Estado “se encargó de comunicarlo a mi cliente por varios canales”, en alusión a las negociaciones para un posible arrepentimiento, que nunca se concretó.

Los abogados de Lázaro Báez en el tramo final del juicio (Nicolás Stulberg)
Los abogados de Lázaro Báez en el tramo final del juicio (Nicolás Stulberg)

Sobre la acusación central de la causa, la maniobra de lavado de dinero, el abogado aseguró que “no está acreditado que el dinero provenga de una actividad ilícita” y buscó atacar los delitos precedentes elegidos por las querellas: la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad, y las causas sobre evasión.

“Los embargos y los decomisos dan cuenta de fondos millonarios que justifican los fondos depositados en el exterior y el reingreso al país mediante el mercado de Valores de Rosario. Los acusadores eligieron imputar hechos lícitos, posteriores en el tiempo, como delitos precedentes. Para los acusadores el tiempo es relativo. El tribunal debería admitir que tuvo el auto de Volver al Futuro”, ironizó el abogado defensor.

Llamativamente, luego de dos años de juicio, recién hoy Báez intentó desligar a todos sus hijos de la acusación, lo que sorprendió a varias de las defensas. Su abogado dijo que “hubo una persecución contra los hijos”. En el caso de Martín, que sigue detenido en Ezeiza, destacó que “solo fue incorporado al directorio de ACSA con un 5% de las acciones” y que no tenía “ningún tipo de conocimiento o participación en las decisiones”. Sobre Leandro, Melina y Luciana, destacó que “ni siquiera formaron parte de las apertura de las cuentas ni de la gestión empresarial”. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, cerró ese tramo.

Báez arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel por la maniobra de lavado, que incluyó la compra del campo “El Carrizalejo”. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años la AFIP, cuyo alegato estuvo al borde de un escándalo.

El juicio continuará la semana próxima con los alegatos de Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. Luego será el turno de los cuatro hijos y de Leonardo Fariña hasta llegar al imputado 27. Tal como reveló Infobae, el TOF 4 pretende terminar con los alegatos antes de fines de octubre para que pueda haber sentencia en el mes de noviembre.

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