El Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales, empezó hoy a debatir el pedido del Gobierno nacional para revisar el traslado de 10 magistrados –la mayoría realizado durante el mandato de Mauricio Macri– que fueron señalados de no cumplir los requisitos legales. Quedaron plasmadas dos posturas: la primera es que esos traslados tienen irregularidades, y por lo tanto tiene que intervenir el Poder Ejecutivo o la Corte Suprema, y la segunda, que ya no se puede hacer nada porque se trata de actos firmes y solo pueden ser revisados en una causa judicial que se inicie específicamente.
Lo que hoy pareció develarse fue que la diputada nacional peronista Graciela Camaño acompañará la postura del Gobierno en el tema. Fue cuando al final del debate y como presidenta de la Comisión de Selección dijo que había unanimidad en definir el tema la semana que viene en un nuevo encuentro. “Todos de acuerdo en pasar el tema para la siguiente reunión en la que decidimos si hacemos una consulta a la Corte o si completamos el acto elevando al Poder Ejecutivo para que lo eleve al Senado”, dijo la diputada. El diputado del PRO Pablo Tonelli le advirtió que había una tercera que era no hacer nada. El voto de Camaño será clave en el plenario del Consejo donde se definirá el tema.
Cuando se inició el debate del tema, Camaño dijo que había muchas formas de traslados de un juez y que eso no podía ser y que debía tener una solución. “Los traslados tienen que resolverse según lo más ajustado a la Constitución Nacional”, sostuvo la legisladora en lo que es la postura del gobierno de Alberto Fernández.
Los integrantes de la Comisión de Selección del Consejo, donde se trató el tema, decidieron por unanimidad continuar el debate durante la semana, presentar proyectos y tomar una decisión la semana que viene. Por cómo quedaron las posturas, el oficialismo cuenta con los votos en la comisión para avanzar en su intención.
El debate surgió por la nota que la semana pasada presentó Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. Sostuvo que hubo 10 jueces que fueron trasladados durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner y Macri cuyo trámite no fue completado tal como establece la Constitución Nacional porque no pasaron por el Senado de la Nación. También se objeta que en algunos casos no se respetó la jurisdicción (la ciudad para que la originalmente el juez fue designado), en otros la competencia (la temática judicial para la que fue elegido) y en algunos ambas cosas.
Los traslados objetados son los de los jueces Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Todos son magistrados federales que investigan causas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Los más destacados son Bertuzzi y Bruglia porque integran la Cámara Federal de Comodoro Py, donde se revisan las investigaciones de corrupción de funcionarios públicos. Fueron los magistrados que tuvieron la causa de los cuadernos de la corrupción y fueron trasladados de un tribunal oral a la Cámara. También está Castelli, que integra el tribunal oral que juzgará la causa de los cuadernos, y Villena, quien fue apartado de la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri.
Reunidos vía Zoom por la pandemia del coronavirus, el debate lo inició Ustarroz, que señaló las irregularidades detectadas y que buscaba con su presentación “precisar los alcances de este instituto”. La primera respuesta de la oposición vino del diputado del PRO Tonelli. “Los traslados existieron siempre en la Justicia federal y fueron avalados por la Corte Suprema. El Consejo carece de competencia para analizar o revisar esos traslados, que están dispuestos por una decisión del PEN por decreto. Son actos administrativos que produjeron efectos y dieron derechos. La única manera de volverlos atrás es por un juicio y que se declare nulo”, dijo el consejero.
El consejero por los académicos Diego Molea le contestó que si un acto administrativo tiene un vicio puede ser revocado. “Estoy absolutamente en contra de los traslados que no cumplen con los requisitos. Lo que debemos hacer es sanear el acto y mandar al Ejecutivo estos casos para que se complete el acto en el Senado. No tiene que revocarse el traslado, sino culminarse el caso completo. O también podemos ir a la Corte para que diga si están vigentes”, propuso Molea, que señaló que la Constitución fija la intervención del Senado en el nombramiento de los jueces.
Los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo fueron los otros dos consejeros que se mostraron en contra de que el Consejo intervenga en el tema. Culotta sostuvo que los traslados ya son actos válidos y que con ese criterio se puede revisar cualquier decisión que haya tomado el Consejo. Y puso como ejemplo que el traslado del juez Velázquez ocurrió en 2003, hace 17 años.
Por su parte, Recondo objetó los traslados porque no cumplieron algunas pautas pero señaló que no es competencia del Consejo intervenir. “No corresponde que le digamos nada a la Corte ni que nos pronunciemos. Esto es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo que verá cómo va a solucionar este tema si es que desea solucionarlo”, señaló.
La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley y el juez Alberto Lugones también se pronunciaron por intervenir en el caso. Lugones señaló que “no se busca darle impunidad a nadie” y que el Consejo “debe hacer cumplir las leyes”. “Estamos en presencia de un acto complejo que no fue concluido”, dijo sobre los traslados, y agregó que “no hay estabilidad si no hay acuerdo del Senado”.
Lugones fue el único que hizo referencia a la importancia política de los cargos que se discuten. Puntualmente los de la Cámara Federal. “Se eligieron jueces para una cámara que resuelve cosas muy complejas”, dijo sin nombrarlos a los jueces Bruglia y Bertuzzi. Sostuvo que si hubo jueces “que entraron por la ventana ahora no pueden decir que se afecta su independencia”. El juez también despejó dudas con respecto a que la eventual salida de los jueces pueda afectar las causas en las que intervinieron. “Aunque el Senado los dejara sin efecto, los actos que juzgaron son válidos. Si están preocupados por las decisiones que se tomaron en la Cámara Federal, no van a ser nulos los actos. Los procesamientos confirmados van a quedar así. Yo no vengo a darle impunidad a nadie”, sostuvo en referencia a que en ese tribunal se confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos.
Entre todos los consejeros sí hubo acuerdo en que los traslados deben ser reglamentados por una ley del Congreso. Tonelli dijo que presentó un proyecto hace dos años.
Ustarroz propuso continuar el debate la semana que viene para que en estos días los consejeros acerquen propuestas por escrito. Camaño pidió resolverlo prontamente. Las posturas en la Comisión quedaron con cinco votos para que el Gobierno o la Corte revisen los traslados y tres para no hacer nada.
El tema pasará después al plenario del Cuerpo, que lo integran 13 miembros: seis enrolados en el oficialismo y seis en la oposición. Camaño será el voto clave para hace una mayoría. Pero allí habrá una discusión reglamentaria clave: ¿con cuántos votos se puede revisar el traslado de un juez? El oficialismo dice que con siete, la oposición que con nueve, un número al que el Gobierno no llega.
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