
Los peritos que analizan la causa “dólar futuro” le contestaron al Tribunal Oral Federal 1 que vienen avanzando con el estudio que intenta determinar, entre otros puntos, cuánto fue el perjuicio para el Estado que provocó la venta de billetes americanos a futuro en la última parte del gobierno de Cristina Kirchner. Pero los expertos les avisaron a los jueces que, por la pandemia y el aislamiento obligatorio, por ahora no pueden seguir reuniéndose, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Se trata de la respuesta al informe del estado de la pericia que le pidió el juez Adrián Grümberg a los contadores del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema que están analizando la causa. Fue después de que el fiscal Diego Velasco les pidiera al TOF habilitar la feria y ver si se podía avanzar con esta investigación ya elevada a juicio y todavía sin fecha definida de audiencias.
“Los peritos oficiales y de parte actuantes nos encontrábamos trabajando en la finalización del mismo, ya que se halla en un elevado estado de avance”, dijeron los contadores oficiales Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, apenas recibieron la notificación del tribunal.
“Sin embargo –añadieron– con motivo del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio dispuesto por el P.E.N., como consecuencia de la Pandemia mundial desatada por la propagación del SARS–Cov 2 causante del COVID -19, que derivara en la Acordada Nº 6/2020 de la C.S.J.N., disponiendo la Feria Extraordinaria Judicial para todas las dependencias que integran el Poder Judicial de la Nación, y sus prórrogas, mediante las Acordadas Nº 8/20, 10/20, 13/20, 14/20 y 16/20, se han suspendido los trabajos periciales que conllevan las reuniones con peritos”.
En ese sentido, los expertos convocados afirmaron que “existe la imposibilidad actual de llevar a cabo las reuniones colegiadas de los peritos actuantes en forma virtual, debiendo ser las mismas presenciales, y en la sede del Cuerpo de Peritos Contadores, conforme la Acordada Nº 16/11 de la C.S.J.N., ANEXO I, art. 3°, donde se encuentra la documentación anejada a la causa, la que necesariamente debe ser manipulada, consultada y compulsada”.
Hace una semana el presidente Alberto Fernández se había quejado de la demora en las dos causas más políticas que instruyó el juez Claudio Bonadio contra Cristina Fernández (Memorándum y Dólar futuro) y reclamó “resolver algo”. Para esa altura, el fiscal Velasco ya tenía redactada la presentación para intentar avanzar con la causa dólar futuro, Los Sauces y Hotesur, en las que él interviene.
“No escapa al suscripto el contexto de la pandemia de Covid-19 y las sucesivas disposiciones emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional en torno al ASPO y las prórrogas de la Feria Extraordinaria dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mas tratándose la presente de una causa de trascendencia institucional y al ya extendido lapso en que los peritos en cuestión se encuentran abocados al estudio técnico referido, solicito que se les haga saber que contemplen la posibilidad de recurrir –tal como lo viene haciendo esta Fiscalía en numerosos actos judiciales– a las reuniones virtuales que resulten necesarias para arribar a las conclusiones del mismo”, dijo Velasco.
En ese marco, el TOF 1 habilitó la feria y consultó a los peritos. La respuesta que llegó fue esa. Sin embargo, el fiscal no había podido ser notificado por problemas con el sistema, según se dejó asentado en la causa. Ahora, el TOF corrió vista a las partes de esa contestación.
La polémica gira en torno a un estudio que podría ser clave para avanzar hacia el juicio oral o para hacer caer todo el expediente porque para las defensas demostrará que no existió perjuicio para el Estado. Había sido pedida en 2017 por la defensa de Miguel Pesce, hoy presidente del Banco Central y también imputado en esta causa. Es la defensa planteó que se los estaba acusando de “un perjuicio para el erario de la administración pública que no fue verificado y sólo se basa en valoraciones de testigos y afirmaciones de quienes no resultan idóneos para determinarlo”. El estudio se ordenó en agosto último, con una serie de puntos y preguntas para que los expertos precisen y determinen. La respuesta todavía está en elaboración.
En la causa están acusados por administración infiel en perjuicio de la administración pública la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía y ahora gobernador bonaerense Axel Kicillof y los entonces directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera. También se incluyó a los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, por ayudar en la maniobra.
La denuncia fue hecha por diputados del PRO en octubre de 2015, cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15. La causa la instruyó el juez Claudio Bonadio.
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