La Sindicatura General de la Nación revisará la concesión del ex Paseo de la Infanta, firmada el último día de gestión de Mauricio Macri -9 de diciembre- en medio de algunas condiciones que llamaron la atención del órgano de control.
Se trata de un predio emblemático de 36 mil metros cuadrados de superficie ubicado bajo el puente ferroviario, a pocos metros del Rosedal de Palermo, una zona estratégica muy valorada en el mercado inmobiliario. Actualmente allí funciona un polo gastronómico integrado por restaurantes, cafés, heladerías y hamburgueserías que todos los días reciben a cientos de personas.
La adjudicación fue otorgada por el ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, quien no sólo quedó bajo la lupa de los organismos de control por este caso: fuentes oficiales informaron que varias concesiones que se firmaron durante las últimas semanas de la gestión de Cambiemos están siendo revisadas por las nuevas autoridades de la Agencia, a cargo de Martín Miguel Cosentino Moreto.
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En el caso del Paseo de la Infanta, la licitación fue ganada por Estación Rosedal S.A, una compañía vinculada a Alejandro “Petti” Peltenburg, empresario cercano al ex presidente Mauricio Macri. Pero no sólo la afinidad del nuevo locatario con el gobierno saliente encendió las alarmas del gobierno nacional: durante el proceso de adjudicación hubo otras irregularidades que fueron detalladas en un informe que le envió la Sindicatura General a la Oficina Anticorrupción y a la Jefatura de Gabinete.
El 2 de diciembre de 2019, la Sindicatura -aún bajo conducción del funcionario macrista Alberto Gowland- informó que había un conflicto de intereses. Es que otro de los oferentes que pretendía quedarse con la explotación del predio había pedido desplazar a Lanús del procedimiento administrativo en virtud de una vieja disputa judicial que habían mantenido. La SIGEN puntualizó que Lanús no estaba habilitado para firmar la adjudicación, pero el funcionario desoyó la recomendación y en las últimas horas de su paso por el Estado firmó el contrato a favor de Peltenburg.
“El ex titular de la AABE no estaba en condiciones normales de poder dictar el acto e incluso había solicitado un dictamen a la SIGEN y sin esperar su despacho firmó la adjudicación. Pero más allá de esto, y en forma paralela al conflicto de intereses, se incumplieron otras cuestiones de la norma regulatoria”, aseguró el síndico actual, Carlos Antonio Montero, según reprodujo Infobae el 28 de enero.
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Entre las “otras cuestiones” a las que alude Montero, se encuentra el decreto 202/2017, que establece que toda persona que compita en un procedimiento de contratación sobre un bien del Estado debe presentar una declaración jurada en la que debe especificar si tiene parentesco, sociedad, amistad o relación con el presidente, el vice, el jefe de Gabinete o los ministros.
Tras la publicación de esta nota, Lanús se comunicó con Infobae y planteó: “Durante la gestión macrista, el Estado Nacional recuperó un predio que estaba siendo explotado y subalquilado por un privado que pagaba un canon mínimo. Paralelamente, se abrió una nueva licitación pública, transparente, abierta y competitiva gracias a la cuál el Estado pasó a recaudar 100 veces más en comparación a lo que se pagaba anteriormente”.
“La adjudicación se realizó en tiempo y forma, cumpliendo con todos los requisitos legales, incluido el decreto 202. El dictamen de la SIGEN mencionado no fue remitido a la AABE hasta después del cambio de autoridades y de adjudicada la licitación”, agregó.
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La revisión de esta adjudicación hecha por el macrismo se suma a los cuestionamientos a la “legitimidad” del traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de 31 escrituras correspondientes a playas ferroviarias y parcelas ubicadas en Caballito, Belgrano y Liniers y la concesión de los espacios debajo de dos viaductos, el Mitre y el San Martín, además del Paseo del Bajo y compensaciones por pagos no realizados desde Nación. En todos esos contratos aparece también la firma de Lanús.
El Paseo de la Infanta es un polo comercial ubicado en los bosques de Palermo, que cuenta con 15 establecimientos que estaban bajo una concesión “vencida e irregular", y que fue revocada por decisión de la justicia. Permanecía en manos Panter SRL desde 1993, quien pagaba irrisorios $55 mil mensuales por su explotación.
El contrato se había efectuado con Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima y, en diciembre de 2010, la entonces Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF SE) —que ya no existe— prorrogó esa explotación hasta abril de 2018. Ese canon, vencido desde el año pasado, contrasta con los valores actuales de mercado: casi 60 veces más de lo que se abonaba.
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José Luis Villarreal preside Estación Rosedal. Stella Maris Solari, Roxana Rupay Gutiérrez, Yanina Danisa Pizzio, Pedro María Basombrio, y Juan Manuel Pereira aparecen como directores titulares. Como suplentes, están los nombres Alejandro Peltenburg y Pablo Peltenburg, ligados a Crobar, el boliche ubicado a pocos metros del Paseo. La otra compañía que se presentó a la licitación fue Enersite Argentina, creada hace 7 años y orientada a los negocios energéticos.
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