Un grupo de curas villeros cercanos al papa Francisco expresó su rechazo al proyecto oficial de baja de la edad de imputabilidad a 15 años. La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que está integrada por sacerdotes y laicos de la Iglesia católica, tildó de "populista" la iniciativa y de fomentar la "demagogia punitiva".
En la misma sintonía se pronunció el arzobispado de Buenos Aires, a cargo del cardenal Mario Poli, uno de los obispos de máxima confianza de Francisco. Según la agencia Télam, la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo de la sede arzobispal advirtió que este tipo de medidas "profundizan las heridas sociales" y "parecieran estar destinadas a ampliar la exclusión social".
El organismo eclesiástico recordó el estudio de Unicef que arrojó que el 48,2% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina se sitúan en el plano de la pobreza. "Las jóvenes generaciones necesitan políticas de promoción de su dignidad y sus derechos", sostuvo a través de un comunicado de prensa. "Siguiendo el pensamiento del papa Francisco, afirmamos que 'ningún niño es descartable' y, en cambio, a todo niño, niña o adolescente se le deben garantizar la integridad de sus derechos", agregó.
A su vez, la comisión de Derechos Humanos indicó que, si bien está pendiente "la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil", consideró que cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad "no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales".
"Hacemos responsables a los dirigentes, gobernantes y comunicadores populistas que dicen lo que la sociedad 'bolsonarizada' quiere escuchar, aun a costa de sacrificar por unos votos la dignidad inalienable de nuestras y nuestros adolescentes", agregaron los integrantes de esta comisión que encabezan los curas villeros José María "Pepe" Di Paola y Lorenzo "Toto" De Vedia.
"Pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales", remarcaron.
La comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, conformada el año pasado por curas villeros, religiosos y laicos con trabajo territorial en barrios en situación de vulnerabilidad social, remitió que, ya en enero de 2017, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia se había manifestado en contra de bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.
"Dos años después, otra vez en enero, resurgen las mismas propuestas simplistas, con fines electorales y sin mirar el tema en su complejidad. En este sentido, queremos señalar que el contexto de crisis acentúa el incumplimiento de las responsabilidades que el mundo adulto tiene sobre la juventud", advirtieron.
"La escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción de las artes no pueden pagar la luz y cierran, los clubes se vuelven inaccesibles para los salarios que se ajustan, el desempleo crece mientras la capacidad de contención de la sociedad baja notoriamente", concluyó el organismo.
El proyecto que tiene como principales voceros a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par de Justicia Germán Garavano contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. Establece también escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.
Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor de tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor de diez años.
Además de "Pepe" Di Paola y "Toto" De Vedia, la comisión de Derechos Humanos por la Inclusión está integrada por el sacerdote Carlos Olivero; los religiosos Yolanda Galka, Cecilia Lee, Daniel Romanín; el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno; Gustavo Barreiro, María Elena Acosta, Ángela García Elorrio y Alberto Palacio.
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