Luego de fuertes cruces entre las autoridades navales y las del Ministerio de Defensa por el excesivo tiempo que llevó a la Armada confeccionar un nuevo pliego licitatorio, el sábado se subió al portal oficial "Argentina Compra" nuevas condiciones para las empresas que quieran buscar al submarino ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre del año pasado.
El pliego está disponible para todos los usuarios de la plataforma. Tal como adelantó Infobae, lleva el número 38-0024-CD/18 e incluye plazos de ejecución administrativa abreviados. "Antes de fin de agosto tiene que haber una empresa buscando al ARA San Juan", sostuvieron las fuentes navales que trabajaron en los aspectos técnicos de la convocatoria.
Se estima que serán cuatro las firmas que participarán de este nuevo intento de contratación. La particularidad de este llamado es que regirá el principio No cure no pay, una vieja fórmula del negocio naviero internacional que indica que si no hay resultado no hay dinero.
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Pese a ello, el Ministerio de Defensa inició el trámite administrativo correspondiente para contar con la partida presupuestaria ya que no se puede lanzar una licitación de este tipo sin tener garantizados los fondos para un eventual pago.
Antecedentes
Más de ochos meses han pasado desde aquel 15 de noviembre de 2017 en el que se tuvo comunicación por última vez con el único submarino en servicio que poseía la Armada Argentina. A partir de allí, y en cumplimento de convenios existentes entre países que cuentan con este tipo de naves, se inició en el Atlántico Sur el más espectacular operativo de búsqueda y rescate internacional jamás visto en la historia de la navegación a nivel mundial. A pesar del descomunal esfuerzo, nunca se encontraron rastros concretos del San Juan.
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La intensidad del operativo fue menguando. De a poco, los buques internacionales comenzaron a dejar las aguas argentinas porque creían improbable encontrar sobrevivientes de la tragedia. Con el regreso a Rusia del buque logístico "Yantar", la búsqueda quedó reducida prácticamente a un esfuerzo testimonial que hombres y mujeres de la Armada llevan adelante con muy pocos recursos.
Luego de reiterados pedidos de las 44 familias de los marinos desaparecidos, el gobierno nacional fijó una recompensa de casi USD 5 millones para quien aporte datos sobre el submarino. Ninguna empresa internacional pareció tentarse con el ofrecimiento.
Fue así que se llamó entonces a una contratación directa internacional que tuvo respuesta por parte de nueve empresas, algunas locales y otras de América y Europa. Fue la firma española Igeotest (en manos de dos argentinos relacionados con la Armada Argentina) la que resultó preadjudicataria por ajustarse en principio a lo requerido en sus aspectos técnicos y económicos.
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No obstante, y a partir de algunas deficiencias en los documentos societarios presentados por la empresa, fue el estudio jurídico de Fernando Burlando (que representa los intereses de algunas familias de los marinos desaparecidos) quien presentó una serie de impugnaciones y hasta una denuncia penal que terminó obligando al Ministerio de Defensa a anular todo lo actuado.
Esta iniciativa judicial no contó con la aprobación del grueso de las familias, que vieron en este accionar una nueva demora al reinicio de la tan ansiada búsqueda de la nave. Así las cosas, el ministro de Defensa Oscar Aguad ordenó a la Armada Argentina que asuma el rol de organizadora de un nuevo llamado a concursar, exigiendo además que se agudice el ingenio para poder acortar lo más posible los tiempos sin infringir ninguna de las normas que rigen las contrataciones del Estado.
Al mismo tiempo, un grupo de familiares, disconformes con el manejo general del proceso de contratación, decidió encadenarse simbólicamente a las rejas recientemente instaladas en proximidades de la Pirámide de Mayo.
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Según pudo saber Infobae, en reiteradas ocasiones desde el despacho ministerial se reclamó a la Armada que se aceleraran los tiempos para la confección del nuevo pliego, pero la Institución castrense prefirió iniciar una serie de "entrevistas" con los posibles oferentes, algo no usual en la mecánica de las contrataciones públicas y que tuvo por objetivo conocer un poco más de las empresas que participarían del procedimiento.
Cuatro empresas "rindieron examen" ante los mandos navales y un grupo de familiares especialmente invitados: ellas son Ocean Infinity, la anterior preadjudicada Igeotest, el emprendimiento unipersonal del venezolano Hugo Marino, y la firma Falcon High Tech.
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