El Gobierno promulgó las tres leyes que el Gobierno envió al Congreso para reemplazar el megadecreto de 170 medidas que el presidente Mauricio Macri firmó en enero.
Las tres medidas están enmarcadas en la denominada "desburocratización" del Estado y en su conjunto reemplazan al DNU 27/18 que modificó unas 140 leyes, lo que despertó fuertes críticas de todo el arco opositor.
La primera establece la simplificación de normas para el desarrollo productivo para las pymes y micropymes, y las sociedades comerciales.
La segunda se refiere a la desburocratización en la administración pública, y contempla cambios en el sistema de gestión documental electrónica, en la administración de los bienes del Estado y la Unidad de Información Financiera.
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Finalmente, la tercera prevé una simplificación para el desarrollo de la infraestructura en el área portuaria, la aviación civil, y tránsito y la seguridad vial.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo aceptó eliminar del proyecto vinculado al desarrollo productivo un artículo que declaraba la embargabilidad de las cuentas sueldo, uno de los puntos más polémicos.
También se dio marcha atrás con el punto que pretendía excluir a los contratos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses del régimen de contrataciones del Estado, lo que hubiera permitido que el organismo creara fideicomisos a su criterio.
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Uno de los aportes centrales de las leyes es la ampliación del Fondo Fiduciario de Capital Emprendedor para que más MiPyMEs tengan acceso a esa fuente de financiación.
Además, las normas bajan las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un "veraz laboral".