Confirmaron la prisión preventiva de Cristóbal López

La Cámara Federal ratificó este lunes la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, detenidos nuevamente el 27 de abril pasado por decisión de la Cámara de Casación.

Contra esa resolución, la defensa de los dueños del Grupo Indalo volvió a intentar un recurso judicial: sostuvo que la detención "violentaba el principio de igualdad ante la ley", porque en marzo la Cámara Federal había ordenado la excarcelación, pero ese fallo ya quedó sin efecto.

En un nuevo revés para López y De Sousa, el camarista Leopoldo Bruglia entendió que la queja interpuesta por el abogado de López no era admisible, ya que no se puede revisar lo que ya dictaminó la Cámara de Casación.

Por su lado, el camarista Martín Irurzun señaló que la detención del empresario K y de De Sousa "fue un efecto expresamente dispuesto por la Sala I de la Cámara de Casación" y que por ello, "se confirma el rechazo al reclamo de libertad de los imputados".

De esa manera ratificaron, el arresto dispuesto en su momento por el juez Julián Ercolini en la causa en la que están procesados por no pagar el impuesto a los combustibles que retenía la empresa Oil Combustibles SA.

A la fecha, con intereses, punitorios y otras deudas generadas el último tiempo, la AFIP que reclama al empresario K más de 20.000 millones de pesos.

Oil Combustibles recibió un trato diferencial por parte de la AFIP, conducida en ese momento por Ricardo Echegaray, quien por acción u omisión hizo posible que la firma de López y De Sousa se beneficiara indebidamente con facilidades de pago que luego no cumplió. Los planes otorgados a la petrolera abarcaron 31 períodos fiscales, comprendidos entre mayo de 2013 y noviembre de 2015, de los cuales pagó sólo cinco.

El 27 de abril, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con las firmas de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, revocó el polémico fallo de la Cámara Federal que había beneficiado a López y De Sousa. Con los votos de los dos primeros jueces, el máximo tribunal penal del país cambió la calificación legal, elevó los montos de los embargos y ordenó la inmediata detención de los empresarios. En el fallo, calificaron la maniobra por la que la empresa Oil Combustibles se quedó con más de 8 mil millones de pesos del fisco como administración fraudulenta agravada.

A principios de año, López y De Sousa habían sido liberados por los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero en una polémica decisión en la que consideraron que el hecho se trataba una de evasión de carácter tributario. De esta forma se abría la posibilidad de extinguir la acción penal en base a un plan de pagos.

El juez Hornos ya había escrito en términos estrictos que la operación se trató de una compleja y sistemática maniobra defraudatoria que entraña uno de los hechos de corrupción más graves de la historia. También había resaltado la posible participación criminal del organismo recaudador para que se concretara.

En el escrito, había señalado que "la corrupción amenaza la estabilidad y la seguridad de la sociedad, socava las instituciones, los valores democráticos, la ética, la justicia y compromete el desarrollo de sostenible de la Nación y el imperio de la ley". Y había hecho fuerte hincapié en el recupero de los bienes apropiados como uno de los objetos del juicio penal.