La tensa e histórica mala relación de Hebe de Bonafini con la justicia argentina

El juez Comercial Javier Cosentino había ordenado inventariar los bienes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo pero Hebe de Bonafini no lo permitió. Nueva pelea de la referente de los derechos humanos con los jueces argentinos y las razones por las que Bonafini cree que está por encima de la ley.

"No les vamos a abrir, van a tener que romper todo", confesó la titular de las Madres de Plaza de Mayo a Víctor Hugo Morales minutos antes de la llegada de once integrantes del Juzgado Comercial Nº8 a cargo de Javier Cosentino en la sede de las Madres ubicada a metros del Congreso de la Nación, en la calle Yrigoyen 1584. Cosentino que, en agosto del 2010, fue el encargado de ejecutar la quiebra de Ciccone Calcográfica y se animó a calificar como "llamativo" el plan de pagos que la AFIP de Ricardo Echegaray le había realizado a la firma, tiene a su cargo las decenas de demandas civiles contra la Asociación presidida por Bonafini desde 1979 por incumplimiento del pago de indemnizaciones a 6500 trabajadores de Sueños Compartidos.

Siete años después de la salida de los hermanos Schoklender de la Fundación de Bonafini y de la caída del proyecto de inclusión social y construcción de viviendas más ambicioso de los gobiernos kirchneristas, 100 trabajadores continúan reclamando por sus indemnizaciones y cargas sociales. A las cargas, no se les depositaron durante los años en que trabajaron para la histórica referente de los derechos humanos. Es el caso de Luis Aranda, ex trabajador en la Villa 15, que desde el 30 de noviembre del 2011 reclama $24.891,20 tal como acredita el documento al que accedió Infobae. Fue uno de los cuatro trabajadores que sufrieron amenazas del entorno de Bonafini luego de animarse a reclamar en Plaza de Mayo a la referente, durante las tradicionales marchas de los jueves a las 15:30. Hoy está desocupado, sufre esclerosis lateral amiotrófica y sigue pidiendo justicia por sus cuatro hijos y su esposa que lo acompaña.

"No seremos legales pero sí legítimas". Es la frase que Hebe repitió a mediados de los años noventa cuando un inspector de la DGI del menemismo se presentó en sus oficinas para averiguar los estados contables de la Asociación. Lo echaron cuando atinó a presentarse. Años después, Bonafini expandió sus actividades e inauguró la calesita en la Plaza de los dos Congresos sin autorización de nadie. Pablo Schoklender fue testigo de las coimas que se pagaban a dos trabajadores de Edesur para "colgarse del cable" y no pagar la luz. Así lo hicieron durante la "década ganada".

En el 2005, cuando nació la Fundación de las Madres –se divide de la Asociación- la Inspección General de Justicia hizo la vista gorda. Nadie les pidió un balance contable. Tampoco a nadie le llamó la atención que la tercerización de la construcción de viviendas en una Fundación se tercerizaba, nuevamente, en una flamante empresa constructora del director de esa Fundación: Meldorek. 1294 millones pasaron por las manos de Bonafini y Schoklender. Miles de esos cheques se cambiaban en las cuevas financieras con asesoramiento de funcionarios del Ministerio de Planificación a los directivos de la Fundación.

Decenas de contratos de construcción de viviendas hoy son investigados en una causa judicial que tiene a su cargo Marcelo Martínez De Giorgi –heredero de la investigación del jubilado juez Norberto Oyarbide-.

En agosto de 2016, Hebe de Bonafini se negó a declarar ante el juez. De Giorgi se presentó en la sede de las Madres a tomarle declaración en un hecho inédito en la historia judicial argentina. El tuiter oficial de las Madres explicó que "En la feria la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más. Para realizar un trámite nombran nuevo síndico y escribano sin notificar a las Madres lo que representa una violación de las garantías constitucionales". ¿Desde cuándo los allanamientos se avisan previamente? La misma pregunta se hizo el abogado defensor de un grupo de trabajadores despedidos sin causa cuando reclamar por trabajo era una traición a la Patria o un invento mediático.

Otra vez, Hebe de Bonafini resistió una orden judicial. Como cuando la citó a declarar como testigo el ex juez Oyarbide. Pronto le explicaron que tenía protección política –Aníbal Fernández le colocó gente de su extrema confianza para asesorarla judicial y mediáticamente- y se presentó a responder preguntar coordinadas previamente. Sin embargo, sus respuestas generaron más dudas. A fines del 2016, De Giorgi la procesó por sus desmanejos en Sueños Compartidos. La causa no tuvo arrepentidos y aún no fue elevada a juicio oral. Espera la decisión de la Cámara Federal para confirmar los procesamientos de los imputados –Bonafini, los hermanos Schoklender, José Francisco López, entre otros- y la situación de la hija de Hebe –Alejandra-. También se espera la decisión de la Cámara sobre si acepta la apelación de la UIF, en relación con la falta de mérito dictada por el juez a Julio De Vido, y de los referentes políticos locales de donde se realizaron las construcciones de las viviendas (Jorge Capitanich, Gerardo Zamora, entre otros ex gobernadores).

"No sé cómo les da la cara, no les da vergüenza, a ustedes y a quienes los mandan", les dijo Bonafini a los empleados del juez Cosentino. Hebe siempre descreyó de los jueces y de la justicia argentina. Desde la CONADEP, durante el gobierno de Raúl Alfonsín –a la que se negó a colaborar, mucho menos, a integrar- hasta los tiempos kirchneristas. Es que en aquellos años en que pasó a engrosar las filas de un partido político –contradiciendo sus históricas declaraciones y constitución de las Madres en los ochenta-, también se peleó con la justicia. En medio de la discusión de la ley de medios pidió tomar los pasillos de los tribunales. Enjuició a periodistas en Plaza de Mayo mientras visitaba despachos de funcionarios para obtener pauta publicitaria para su radio –con algunos problemas legales en el ex Comfer de Julio Bárbaro- y con Amado Boudou para obtener un millonario Fondo del Bicentenario. Coordinó con los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández evitar pagar las cargas sociales a los trabajadores y echó a todo aquel que osaba criticar a su hijo adoptivo. Desde ya, Vicente Zito Lema no cobró indemnización alguna. Eran otros tiempos…

"Este Gobierno nos quiere arrodillar, vienen a buscar todo para destruirlo", lanzó ayer Bonafini. Hoy la justicia comercial intenta que ex trabajadores como Luis Aranda reciban las migajas de lo que quedó de los tiempos en que la referente de los derechos humanos se manejaba al margen de la ley porque lo que importaba no es lo legal sino ser legítimo. Como si la ley no abarcase a los próceres ni tampoco a los ídolos de barro.

Autor de "El negocio de los derechos humanos" (Sudamericana 2012)

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