Héctor Capaccioli a juicio oral por los gastos de la caja chica

Por los juzgados federales de Comodoro Py pasan casos de corrupción por cifras millonarias. Del gobierno actual -como la denuncia por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino de la familia Macri- y de los gobiernos anteriores.  Allí se investiga, por ejemplo, el modo en que el kirchnerismo entregó millones de pesos en obra pública vial al empresario Lázaro Báez.  También se investigó el caso por las millonarias coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Y los millonarios pagos de sobresueldos a funcionarios públicos durante el gobierno de Carlos Menem. Pero también se investigan hechos por montos menores que configuran delitos contra la administración pública.

El fiscal Franco Picardi decidió elevar a juicio oral y público un caso de corrupción. La denuncia original fue hecha en 2010 por la Oficina Anticorrupción (OA) durante el kirchnerismo.

La OA presentó una denuncia contra Héctor Capaccioli, recaudador en las primeras campañas electorales del kirchnerismo, que fue superintendente de Servicios de Salud de la Nación entre enero de 2006 y noviembre de 2008.

A esa denuncia se le sumó otra de quien fuera ministra de Salud de Cristina Kirchner, la legisladora porteña Graciela Ocaña, responsable de haber sacado del gobierno a Capaccioli allá por 2008.

Ocaña aportó entonces un relevamiento de la "caja chica" que Capaccioli manejó en la Superintendencia en el que se detectó –a través de la confección de 25 expedientes- "comprobantes de florerías, almuerzos y objetos personales que llamaban la atención, y resultaban ajenos al destino que debía darse a tales fondos", según explicó el fiscal Picardi en la elevación a juicio a la que accedió Infobae.

En el expediente judicial se sumó información remitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, entre la que se encuentra la resolución 115/06 mediante la que se determinó que la administración de las "cajas chicas" tendría un límite de diez mil pesos, con un límite de gasto individual que no podría superar los 500 pesos. También se estableció, según consta en el expediente judicial, dentro de la SSS que las cajas chicas podrían utilizarse sólo para atender gastos inherentes a la función específica del área responsable, sin superar en gastos los 500 pesos. Capaccioli terminó procesado por el manejo de la caja chica y no por lo denunciado originalmente por la OA.

En la causa se analizaron gastos de la caja chica entre junio de 2006 y el último día de Capaccioli en la SSS. En los expedientes administrativos se volcaron comprobantes por 371 compras que totalizaron un monto apenas superior a los 85 mil pesos.

Se detectaron compras de champán y vinos, pagos de almuerzos o cenas, adquisición de vestimenta tanto para hombres, mujeres y niños.

Cuando Cappacioli, que había llegado al gobierno de la mano de Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de los Kirchner, se defendió en su indagatoria, dijo que: "En relación a las supuestas irregularidades en las rendiciones de cuentas de las cajas chicas de la Superintendencia de Servicios de salud, informo que durante mi gestión al frente del organismo no tuvieron ninguna objeción por parte de los controles fijados a tal efecto, ni mucho menos la instrucción de sumario alguno. El objeto de la caja chica relacionados a obsequios y homenaje, se cumplió en un todo de acuerdo a la resolución 115/06 que fijaba objetivos y forma de rendición de la misma".

Picardi explicó que a Capaccioli "se le imputa el haber utilizado en el período comprendido entre junio de 2006 a octubre del 2008, en su carácter de Superintendente de Servicios de Salud, fondos de las arcas públicas con un destino diferente al previsto en la reglamentación correspondiente vigente, con el unívoco fin de lograr la sustracción de tales caudales".

El fiscal agregó que "la compra continua de cajas y botellas de vino y champagne, ropa de adulto y de niños, entre otros, lejos se halla de ser una compra asemejable a 'urgente' o necesaria para funcionamiento de la Superintendencia, conforme establecía la reglamentación vigente que fuera previamente detallada. Es importante destacar, que el anexo reglamentario para el funcionamiento de las cajas chicas establecía también que aquella que debía funcionar en el ámbito de la "Unidad Superintendencia", se hallaba a cargo de la secretaria general, tenía por objeto los gastos de "cortesía y homenaje" (art. 2) los que, asimismo, debían ser siempre "autorizados por el Sr. Superintendente" (art. 1). Ello no hace más que demostrar la responsabilidad de Capaccioli para con los gastos efectuados con la referida asignación presupuestaria, dado que sólo él tenía la potestad para autorizar las erogaciones".

En la investigación por la que Capaccioli fue procesado e irá a juicio oral y público "… también se advierten compras por montos superiores a los quinientos pesos que autorizaba la resolución regulatoria. A modo de ejemplo, el día 16 de noviembre de 2006, se realizaron cuatro compras, con diferencia de escasos minutos, por un monto total de mil trescientos ochenta y dos pesos en la firma Cardon. De tal modo, el realizar cuatro compras en un mismo comercio, con sólo minutos de diferencia, se erige como un modo de evadir el límite de quinientos pesos por compra que establecía la reglamentación", dijo Picardi.

Capaccioli deberá ir a juicio oral y público por el delito de peculado establecido en el artículo 261 del Código Penal que en su primer párrafo señala que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.