Denuncian más irregularidades en el ex ministerio de Julio De Vido

Otra denuncia por corrupción involucra a Julio De Vido. En este caso, la Oficina Anticorrupción (OA) alertó sobre el manejo irregular de fondos rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

Tras un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la OA detectó irregularidades tales como gastos injustificados, desdoblamientos de compras para evitar procesos formales de contratación, gastos asignados a partidas presupuestarias indebidas, sobreprecios y presupuestos apócrifos para favorecer a proveedores predestinados.

Además, la denuncia señala que el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, y el ex director general de Administración, Luis Vitullo, habrían intervenido en un circuito de expedientes armados para llevar a cabo este tipo de prácticas y advierte que ambos ex funcionarios "por sus posiciones funcionales, eran quienes tenían responsabilidad en la forma en que se generaba el gasto".

"Se detectaron que en los gastos que aparecen como más triviales, como ser la compra de café, o aquellos más sofisticados en los que alquilaban aviones para viajes del entonces Ministro, en donde se comprometían varios miles de pesos, fueron objeto de maniobras ilícitas", advirtió el organismo a cargo de Laura Alonso.

También afirmó que "se pudo determinar la existencia de algunos sobreprecios que establecen un perjuicio concreto" que "en la mayoría de los casos no se presentó la rendición de viáticos" y observó que hubo casos de presupuestos y facturas con la misma fecha.

A la vez, la denuncia detalla una maniobra común para favorecer proveedores: "Consistía en incorporar presupuestos falsos para dar una imagen de transparencia y poder dirigirla al contratista que ya estaba predestinado".

"No se trató de hechos aislados. Pareciera que esto era una práctica habitual", afirma el escrito.

Asimismo, la Oficina Anticorrupción mencionó entre los casos citados dos compras de 125 y 460 ejemplares del libro Técnica de procedimiento penal a la editorial La Página S.A., por un total de $234.000 ($400 por cada ejemplar). El libro se trata de "una publicación que pareciera estar orientada a un principiante que deba ejercer la abogacía o a empleados del Poder Judicial", ya que "es una especie de manual práctico", por lo que su adquisición habría sido "un dispendio de fondos públicos porque el objeto de la compra no tiene una razón plausible".

A raíz de esto, la OA considera que Baratta y Vitullo "administraron y direccionaron una contratación que aparece encaminada a satisfacer intereses pecuniarios ajenos a la administración".

"Los hechos podrían encontrar encuadre en la descripción típica del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal, 'negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas'", resumió el ente gubernamental.