Perú necesitaría alrededor de 16 años y medio para ejecutar los S/ 994 mil 738 millones que mantiene pendientes en su cartera de inversión pública si conserva el ritmo registrado en 2025.
El monto corresponde a 150.621 inversiones activas y equivale al 81,9% del Producto Bruto Interno (PBI) de ese año, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expuestas durante el 10.º Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo.
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Vale precisar que, en su Memoria Anual 2025, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó que el PBI nominal del país alcanzó USD 340.900 millones ese año.
Más de la mitad de las inversiones no registra avances desde hace un año
Milton von Hesse, exministro de Vivienda y de Agricultura, presentó estos datos durante el encuentro organizado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y Seminarium Perú.
El especialista sostuvo que el problema no se limita a la disponibilidad de recursos, sino que alcanza la planificación, la formulación y la ejecución de los proyectos.
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De acuerdo con la presentación, el Gobierno nacional necesitaría 20,1 años para completar su cartera pendiente de inversiones si mantiene el ritmo de 2025. En el caso de los gobiernos regionales, el plazo estimado es de 15,8 años, mientras que los gobiernos locales requerirían 13,1 años.
La brecha se explica, entre otros factores, por la acumulación de proyectos sin recursos asignados. El 64,9% de las inversiones con saldo pendiente no cuenta con presupuesto institucional modificado (PIM) para 2026. Además, 52.466 inversiones llevan más de 12 meses sin registrar ejecución presupuestal.
Las obras paralizadas acumulan un costo de S/ 62.827 millones
La demora en la ejecución de inversiones se suma al número de obras públicas que permanecen detenidas. Según cifras de la Contraloría General de la República, a junio de 2026 había 2.262 obras paralizadas en el país.
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Estas obras acumulan un costo actualizado de S/ 62.827 millones y un saldo por ejecutar de S/ 27.548 millones. La información presentada también advierte retrasos y sobrecostos en las distintas modalidades de ejecución.
Los retrasos promedio superan el 50% de los plazos inicialmente previstos en la mayoría de modalidades de ejecución. En algunos casos, los costos de los proyectos aumentaron más de 60% respecto de los montos programados.
Von Hesse propuso reformar Invierte.pe y reforzar la rectoría del MEF
Von Hesse propuso una reforma del sistema Invierte.pe para mejorar la calidad de los estudios de preinversión y establecer evaluaciones independientes que permitan detectar riesgos antes del inicio de las obras.
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La propuesta también plantea una mayor articulación entre los sistemas de planeamiento, programación multianual de inversiones y presupuesto. Según el especialista, estos mecanismos operan actualmente de manera descoordinada, lo que contribuye a que se acumulen proyectos sin financiamiento o sin capacidad efectiva de ejecución.
El exministro propuso, además, implementar mecanismos de seguimiento a lo largo de todo el ciclo de inversión y reforzar la rectoría del MEF. El objetivo sería fortalecer la supervisión y el control de calidad de los proyectos para evitar que los recursos comprometidos se mantengan sin traducirse en servicios para la población.
Un tercio de las concesiones APP vencerá entre 2026 y 2035
Durante el mismo congreso, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, señaló que las ampliaciones de plazo de los contratos de asociaciones público-privadas (APP) deberán evaluarse de manera individual y compararse con la alternativa de convocar una nueva licitación.
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Del Carpio indicó que 38 contratos de concesión APP, equivalentes a uno de cada tres, vencerán entre 2026 y 2035. De ese total, 13 corresponden al sector transporte y concluirán hasta 2036.
El titular de ProInversión sostuvo que las ampliaciones no pueden tratarse como renovaciones automáticas. Cada caso deberá sustentarse con criterios técnicos y económicos, además de mostrar beneficios verificables para el Estado y los usuarios.
Nueve adendas podrían movilizar USD 5.765 millones hasta 2027
La entidad estableció cinco lineamientos para este análisis. El primero es adoptar decisiones con al menos tres años de anticipación al vencimiento de los contratos. El segundo exige comparar cualquier ampliación con una nueva licitación.
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Los otros criterios incluyen calcular el plazo adicional con cifras verificables, exigir hitos de obra y niveles de servicio, aplicar penalidades cuando corresponda y publicar los sustentos de cada decisión.
ProInversión cuenta con una cartera de nueve adendas que podrían movilizar USD 5.765 millones entre fines de 2026 y 2027. La entidad precisó que los montos son referenciales y dependen de los procesos de evaluación y negociación de cada contrato.
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