Renovación Popular presentó ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un pedido de reconsideración contra el fallo que frena las reelecciones encubiertas de alcaldes y establece que aquellos que resultan electos primeros regidores no pueden ser proclamados alcaldes si es que en el periodo anterior ya ocuparon dicho cargo. Este criterio frena el pretendido intento de Rafael López Aliaga de obtener un nuevo mandato en Lima Metropolitana a pesar de que fue electo en los comicios pasados.
En el escrito presentado por el personero Fernando Sandoval, con las firmas de López Aliaga y su abogado Wilber Medina, se pide al JNE revocar dicho fallo o aplicarlo recién en las próximas elecciones municipales.
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Según el documento, el JNE “no puede establecer, durante el desarrollo de un proceso electoral, restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales que resultaban imprevisibles al momento de su convocatoria e inicio”. Ello pese a que la situación de los primeros regidores fue advertida desde un inicio. Sí era previsible que el Jurado, en un momento, iba a fijar las pautas necesarias.
Interpretaciones auténticas
En otro punto, Renovación Popular afirma que “al inicio del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026 y antes del sufragio, el JNE había establecido como criterio interpretativo que la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución Política no comprendía la asunción del cargo de alcalde por parte del primer regidor elegido”. Sin embargo, esto es falso. Lo que dijo el organismo electoral era que un alcalde saliente no está impedido de postular como primer regidor o regidor en cualquier otro número. Nunca se pronunció sobre una eventual asunción.
Incluso mencionan en una decisión previa el JNE “sostuvo que el artículo 194 de la Constitución Política del Perú no establece una prohibición que impida al primer regidor elegido asumir el cargo de alcalde, en aplicación del mecanismo de sucesión legal previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuando el candidato que postuló a la alcaldía renuncia durante el proceso electoral, aun cuando el primer regidor hubiera ejercido anteriormente dicho cargo”. También es falso, dicha decisión (Resolución N° 3153-2026-JNE), solo habilitó la postulación de un alcalde saliente como primer regidor mas no se pronunció sobre una eventual proclamación como alcalde nuevamente.
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Asimismo, el partido celeste afirma que la institución, a través de la plataforma Voto Informado, “permitió que el electorado conociera a los candidatos que ocupaban el primer lugar en las listas de regidores como los probables reemplazantes de aquellos candidatos a alcaldes que renunciaron durante el desarrollo del proceso electoral”. Esto también es falso. La plataforma muestra las listas inscritas tal como fueron presentadas por las organizaciones políticas. En ningún extremo de la web se indica al elector que el candidato a primer regidor puede eventualmente ser proclamado alcalde.
Más adelante, Renovación Popular acusa al JNE de haber introducido “un impedimento que no era cognoscible en las Elecciones Regionales y Municipales 2026″. No obstante, tal como recordó el presidente Roberto Burneo, la prohibición de reelección inmediata fue introducida en 2015.
“En consecuencia, a fin de restablecer la seguridad jurídica y eliminar cualquier manifestación de arbitrariedad, corresponde que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revoque el acuerdo tercero de la Resolución N° 4557-2026-JNE o, subordinadamente, disponga su no aplicación al proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026, evitando así que se alteren sobrevenidamente las reglas y condiciones que rigieron dicho proceso electoral", dice el documento.
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Piden aplazar aplicación de criterio
Al final del documento, Renovación Popular afirma que incluso si el criterio adoptado por el JNE “resulta jurídicamente correcto”, su aplicación debería diferirse a la siguiente elección municipal “mas no sobre el proceso electoral de 2026, que ya se encontraba en curso y cuya jornada electoral incluso había concluido cuando se estableció dicho criterio”.
“En efecto, aplicarlo a las presentes elecciones supondría introducir retroactivamente una nueva restricción que no formaba parte de las reglas bajo las cuales se desarrolló la contienda electoral, vulnerando los principios de seguridad jurídica, predictibilidad e irretroactividad”, dicen.
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