Alberto Beingolea y el lapsus en el inicio de su juicio: “Soy ministro de Justicia”

Hoy miércoles 4 de noviembre inició el juicio oral contra el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, por presunta colusión agravada en el Gobierno Regional dela Callao, caso en el que la Fiscalía solicitó inicialmente 10 años de prisión.

Con el objetivo de evitar que sea declarado reo contumaz, Beingolea se presentó a la audiencia de instalación del juicio oral. Ahí dio sus generales de ley ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

Dio sus nombres y apellidos completos, su lugar y fecha de nacimiento, los nombres de sus padres y su profesión. Pero cuando se le consultó su ocupación, cometió un lapsus: “Soy ministro de Justicia; perdón, soy ministro de Cultura”, dijo sobre el cargo que ocupa desde el 28 de julio pasado y por el que es renumerado con más de 30 mil soles.

Según trascendidos periodísticos, Beingolea habría querido asumir la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, al final terminó jurando en el despacho de Cultura.

A la instalación del juicio oral se presentaron todos los acusados, excepto Carlos Palacios Meza, quien, según dijo su abogado, se estaba atendiendo en un centro de salud. No obstante, el Juzgado dispuso declararlo reo contumaz y ordenar su ubicación y captura.

Durante los alegatos de apertura, la fiscal ratificó la acusación contra Beingolea y los otros implicados, aunque varió el pedido concreto de pena privativa de libertad. Inicialmente se pidió 10 años de prisión, pero ahora solicita 8 años de cárcel. Según se explicó, la modificación responde a una sentencia del Tribunal Constitucional donde se pronunció sobre la configuración del delito de colusión.

El caso de presunta corrupción de Alberto Beingolea

El caso contra Alberto Beingolea gira en torno a un contrato de asesoría legal que el ministro de Cultura suscribió en 2019 con el Gobierno Regional del Callao, por el cual recibió un pago de 30.000 soles. La Fiscalía sostiene que Beingolea habría concertado con funcionarios de esa entidad para obtener la contratación de manera indebida, ya que no acreditó documentalmente los estudios ni la experiencia exigidos en los términos de referencia, y que los tres informes legales que presentó eran genéricos o correspondían a competencias de otras áreas jurídicas del gobierno regional.

Beingolea niega haber cometido delito. Asegura que el trabajo sí se realizó, que cumplía los requisitos exigidos y que cuenta con informes, registros de visitas y testimonios que respaldan su versión. Su argumento central es que no existió perjuicio al Estado, elemento que considera indispensable para que se configure el delito de colusión.

Antes de llegar a juicio, su defensa intentó archivar el caso mediante un pedido de sobreseimiento y una excepción de improcedencia de acción, ambos rechazados por el Juzgado y confirmados por la Sala Penal de Apelaciones. Los jueces argumentaron que, en los delitos de colusión, la concertación no requiere prueba directa y puede acreditarse mediante indicios, y que la acusación fiscal se respalda en documentos de contratación, un informe de control, una pericia contable y declaraciones de consejeros regionales.

Por estos hechos, el Ministerio Público pide ahora 8 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa contra el ministro. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicita, además, una reparación civil de 50 mil soles.

Beingolea rechazó las imputaciones en declaraciones previas a la audiencia recogidas por RPP. “Este es un tema que tiene años de años de años y que me sale cada vez. Yo no sé si ustedes tienen un poco de memoria, cada vez que yo postulé, salía el tema de nuevo y salía el tema de nuevo y salía el tema de nuevo. Es una patraña”, afirmó el funcionario.

El ministro defendió además su idoneidad para el cargo y mencionó su formación como abogado, una maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de su trayectoria como excongresista durante cinco años y excandidato a la alcaldía de Lima. Aseguró haber cumplido “escrupulosamente” con los requisitos de los términos de referencia del contrato cuestionado.