JNJ destituye a juez del Callao investigado por agresión sexual contra una pasajera en transporte público

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura, aprobó este lunes la destitución del juez supernumerario Óscar Herrera Chía, quien estaba incurso en una investigación por agresión sexual contra una pasajera de transporte público en enero de 2025.

La decisión se sustentó en la comisión de una falta muy grave por incumplir el deber de mantener una “conducta intachable”, establecido en la Ley de la Carrera Judicial.

El procedimiento disciplinario se originó tras la detención del magistrado, luego de que una mujer de 33 años lo denunciara por presuntos tocamientos de connotación sexual dentro de un vehículo de transporte público.

Durante la sesión, se examinaron los elementos incorporados al expediente administrativo, entre ellos el acta de intervención policial, las declaraciones de los agentes que participaron en el operativo, audios y sus respectivas transcripciones, además de documentación del proceso penal y registros relacionados con la cadena de custodia de las grabaciones.

Según la ponencia, los policías declararon que Herrera Chía pidió disculpas a la denunciante e intentó disuadirla de formalizar la denuncia. Asimismo, en los audios examinados se registran pedidos de perdón y ofrecimientos económicos relacionados con las posibles consecuencias del caso para su carrera judicial.

La defensa del magistrado rechazó los hechos atribuidos y argumentó que ocurrieron fuera de su jornada laboral y al margen del ejercicio de sus funciones. También cuestionó la posibilidad de imponerle una sanción administrativa mientras continúa un proceso penal relacionado con el mismo episodio.

En esa línea, invocó el principio que prohíbe sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos. Además, alegó que su designación como juez supernumerario ya había concluido, un aspecto examinado durante la evaluación de la medida disciplinaria.

La ponencia desestimó estos argumentos al considerar que la responsabilidad penal y la disciplinaria pertenecen a ámbitos distintos y persiguen finalidades diferentes. Por ello, sostuvo que la existencia de un proceso judicial en curso no impide que la JNJ determine si el comportamiento atribuido al magistrado constituye una infracción de sus deberes profesionales.

El documento también señaló que la nulidad de una sentencia penal de primera instancia, que dispuso la realización de un nuevo juicio, no invalida automáticamente los elementos incorporados al expediente administrativo. En consecuencia, estos podían ser valorados en el procedimiento disciplinario, de acuerdo con las reglas aplicables a esa instancia.

Otro de los argumentos abordados fue el carácter extralaboral de los hechos. La ponencia consideró que esta circunstancia no elimina su relevancia disciplinaria, debido a las exigencias de conducta vinculadas con el ejercicio de la magistratura.

Al respecto, precisó que Herrera Chía desempeñaba funciones en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, órgano con competencia para conocer delitos contra la libertad sexual.

La medida se adoptó en el marco de un procedimiento disciplinario abreviado, tras el pedido remitido por el Poder Judicial. La JNJ también dispuso inscribir la sanción en el registro personal del magistrado y establecer que, una vez firme, sea incorporada al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.