Diputados de oposición evalúan llevar al TC la delegación de facultades por modificaciones del Senado

La oposición en la Cámara de Diputados llevaría al Tribunal Constitucional el debate de la delegación de facultades debido a las modificaciones que introdujo el Senado al dictamen aprobado por la Cámara Baja.

“Estamos evaluando esa posibilidad (de interponer una demanda ante el TC), es un tema que lo hemos conversado y que estaremos tomando la decisión que corresponda”, declaró el diputado de Buen Gobierno, Fernando García, a la prensa desde el Congreso. Precisó que aún no se ha dialogado con otras bancadas. “Pero sí a la interna se ha discutido la posibilidad de esta demanda”, agregó.

Como se recuerda, la Cámara de Diputados aprobó 20 puntos, distribuidos en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, para que el Ejecutivo legisle. Sin embargo, el Senado aumentó a 27 puntos sin aprobación de la Cámara Baja.

La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, indicó que en su bancada aún no se ha discutido una eventual demanda ante el TC por los límites del Senado, aunque sí consideró que se deben evaluar “los diferentes mecanismos legales” ante una acción contra el Reglamento y la Constitución.

“Hay cosas que se han hecho en la votación sobre facultades que han ido contra el reglamento, que han ido contra lo que dice la propia Constitución. Entonces, tendremos que buscar los mecanismos, pero más allá de eso, seguiremos actuando en consecuencia de lo que dice la legalidad y de lo que ha sido el mandato del pueblo. Tendremos que evaluarlo. Yo no le puedo dar una opinión sin haberla reflexionado junto al resto de integrantes de mi bancada, pero definitivamente tenemos una posición clara en defensa de las instituciones”, aseveró Huilca.

Facultades aprobadas

El Pleno del Senado aprobó este miércoles otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori. La votación arrojó 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. El mínimo requerido era de 31 votos.

El dictamen, que delega en el Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en materia de seguridad ciudadana y de prevención, respuesta y recuperación frente al Fenómeno de El Niño, comprende 27 materias. De ese total, 20 provienen del texto original enviado por la Cámara de Diputados, mientras que 7 fueron incorporadas por la Comisión de Constitución del Senado, que amplió el alcance de la norma.

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución y senador de Fuerza Popular, sustentó el dictamen ante el pleno y explicó que las modificaciones responden a la función revisora de la Cámara Alta. La delegación de facultades tendrá un plazo de 90 días calendario y estará sujeta al respeto de los derechos constitucionales, las autonomías institucionales, los presupuestos aprobados y los controles correspondientes, según precisó Mesía.

Entre los 7 puntos adicionales incorporados por el Senado figuran la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales de mayor peligrosidad. También se incluyó un mecanismo de libertad vigilada para personas que cumplieron condenas por sicariato, extorsión y delitos vinculados con el crimen organizado, junto con un registro para hacer seguimiento a estos casos tras la salida de prisión.

El dictamen contempla además una modificación al Decreto Legislativo 1095 para precisar en qué situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional, cuando la capacidad operativa policial haya sido superada o exista un riesgo cierto de que eso ocurra. Otro punto modifica la Ley contra el Crimen Organizado para establecer criterios de clasificación y registro de las organizaciones que empleen explosivos o armas con el fin de generar temor en la población, sin alterar la definición legal del delito de terrorismo.

En materia de legítima defensa, se aprobó una modificación al Código Penal que establece una presunción de actuación racional y válida de quien ejerza esa figura, presunción que admitirá prueba en contrario. Las resoluciones judiciales que la descarten deberán fundamentar de manera reforzada los motivos de su decisión. También se incluyó el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante una modificación al Decreto Legislativo 1141, con el objetivo de mejorar la coordinación y el análisis de información frente a amenazas a la seguridad nacional y el crimen organizado.