“Es una carretera de la muerte”: Economías ilegales amenazan a pueblos indígenas de la Amazonía a causa de caminos clandestinos

La Amazonía en peligro. La expansión de vías, el tráfico de tierras y otras economías ilícitas presionan más de siete millones de hectáreas de bosque entre Ucayali, Madre de Dios y Cusco. Frente a esto organizaciones indígenas advierten sobre los riesgos para los PIACI y cuestionan la respuesta del Estado.

Así, los caminos detectados en el ámbito del corredor territorial Pano Arawak pasaron de 100,60 kilómetros en 2017 a 418,98 kilómetros en 2023, un incremento de 316,53 %. La expansión de estas vías amenaza la continuidad de los bosques y los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), que dependen de ellos para sobrevivir y llevar a cabo su estilo de vida.

Este corredor comprende 7.053.859,80 hectáreas de bosque entre Ucayali, Madre de Dios y Cusco. Es una propuesta territorial impulsada por organizaciones indígenas para conectar territorios de pueblos en aislamiento, reservas indígenas, áreas naturales protegidas y comunidades. Su continuidad es clave para que los PIACI puedan cazar, pescar, recolectar alimentos y desplazarse sin contacto forzado con personas externas.

Economías ilegales avanzan gracias a caminos clandestinos

La apertura de vías facilita el ingreso de personas y actividades que presionan estos territorios. Un caso es la carretera UC-105, entre Nueva Italia y Puerto Breu, en Ucayali. Según el informe Amazonía en Riesgo, de Proética, el proyecto registra 7.160 hectáreas de deforestación directa y un área de impacto indirecto que alcanza las 444.340 hectáreas.

Jamer López, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), advierte sobre los riesgos de estas vías: y tilda a la oba de “carretera de la muerte”. También cuestiona que se vuelvan a promover proyectos de este tipo.

Pero las amenazas no se limitan a las carreteras. La información recogida para el corredor también señala la presencia de pistas clandestinas en las cuencas del Inuya, Mapuya, Yurúa, Tamaya, Mishagua y Alto Madre de Dios, además de actividades de tala ilegal y tráfico de tierras.

Economía de la coca amenaza a los pueblos

Por otro lado, los datos sobre cultivos de coca requieren diferenciar el ámbito del corredor de las cifras registradas por DEVIDA en otras reservas y solicitudes de creación de reservas indígenas.

Según el informe Monitoreo de Cultivos de Coca 2025, de DEVIDA, en 2025 se identificaron 296 hectáreas de coca dentro de las reservas indígenas Kakataibo Norte y Sur, y Sierra del Divisor Occidental. Otras 46 hectáreas fueron registradas en los ámbitos de las solicitudes de creación de las reservas indígenas Atacuari y Tamaya-Abujao. En conjunto, la superficie monitoreada en estos dos ámbitos disminuyó en 111 hectáreas frente al año anterior, una variación de -24 %.

Ante esto, DEVIDA advierte que los cultivos de coca y las actividades ilícitas asociadas pueden impulsar la deforestación, abrir vías y ocupar espacios utilizados por los PIACI para sus actividades cotidianas y desplazamientos estacionales. También elevan el riesgo de encuentros forzados. Debido a su limitada inmunidad frente a enfermedades comunes, un contacto no controlado puede tener consecuencias graves e incluso mortales.

Amenazados por el tráfico de tierras

Otra presión identificada es el tráfico de tierras. Investigaciones periodísticas citadas en el informe de Proética señalan presuntas irregularidades en certificados de posesión atribuidos a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) y la superposición de la denominada comunidad Manitzi con el territorio de la reserva indígena Alto Esperanza.

Según esa información, Manitzi se superpone en un 41,53 % con el territorio reconocido para Alto Esperanza. La creación o el reconocimiento irregular de asentamientos puede facilitar la ocupación de espacios que los pueblos en aislamiento necesitan para mantener su forma de vida.

A estas presiones se suman la tala ilegal de maderas como cedro y caoba en zonas vinculadas a Murunahua y Pariamanu-Tahuamanu, así como la expansión de la minería ilegal hacia Pariamanu, mediante motores diésel y sistemas conocidos como ‘shutes’.