El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó la prepublicación de la norma que reinstaurará la expulsión de estudiantes por faltas graves y que la medida comenzará a aplicarse en los colegios del país antes este mismo año.
En declaraciones a la prensa desde Breña, Chang precisó que este jueves 8 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori “va a hacer de conocimiento general este documento”. “Está todavía en etapa de definición de algunos temas, pero definitivamente regresa la expulsión”, apuntó.
PUBLICIDAD
En esa línea, el titular de Educación explicó que tras la prepublicación de la norma “más o menos pasan entre 5 y 10 días para recibir aportes y luego ya se publica”. “(¿Y entra en vigencia el siguiente año entonces?) No, este año empieza a regir. Este año empieza a regir. (¿Era algo necesario teniendo en cuenta las circunstancias?) Indispensable, indispensable", sostuvo.
La reintroducción de la expulsión es una medida adoptada por el Gobierno a partir del caso de una agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise. Al respecto, el ministro José Antonio Chang dijo que esta institución “está en proceso de reorganización y creo que todo va a salir muy bien”. “Estamos recuperando el orden y la disciplina también en el Liceo Naval”, indicó.
¿En qué consistiría la norma?
La norma anunciada por el Ministerio de Educación buscaría devolver a directores y docentes la autoridad para sancionar y expulsar a estudiantes agresores, en reemplazo de la normativa vigente, que obliga a mantener en la misma institución tanto a la víctima como al agresor.
PUBLICIDAD
Ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, José Antonio Chang precisó que la directiva no se limitaría a la expulsión directa, sino que contemplaría una escala progresiva de sanciones según la gravedad de la falta, que incluiría amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, suspensión de la matrícula, suspensión de las actividades académicas y, en los casos más graves, la expulsión.
El ministro aclaró que la separación del centro educativo no implicaría privar al alumno sancionado de su derecho a la educación. El estudiante podría continuar sus estudios en un centro de educación básica alternativa, en horario nocturno, los fines de semana o de forma virtual. “Pero no puede estar en el mismo centro educativo en que está al que él agredió”, indicó Chang.
La norma vigente que se buscaría modificar es el Decreto Supremo 004-2018-Minedu, emitido durante la presidencia de Martín Vizcarra, que garantiza la continuidad del servicio educativo tanto para la víctima como para el agresor. En 2022, durante la gestión de Pedro Castillo, el propio Ministerio de Educación había sostenido que la expulsión contravendría la Ley 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.
PUBLICIDAD
Chang planteó además que la respuesta no podría limitarse a la sanción disciplinaria. Anunció la convocatoria al Colegio de Psicólogos del Perú para que aporte una opinión especializada y remarcó la necesidad de un tratamiento integral que incluya al núcleo familiar del agresor, no solo al estudiante. “Nada hacemos haciéndole un tratamiento al niño si cuando regresa a la casa sigue viendo actos de violencia o falta de control o límites que deben poner los padres de familia en sus hogares”, afirmó.
PUBLICIDAD