Perú evalúa expulsar a los alumnos violentos de las escuelas

Lima, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Educación (Minedu) de Perú evalúa la posibilidad de autorizar la expulsión de los alumnos violentos de las escuelas, informó este lunes el ministro del sector, José Antonio Chang.

Durante una presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, el ministro anunció que pronto se emitirán nuevas normas que facultarán a las autoridades escolares para intervenir en estos casos, que actualmente solo comprenden la aplicación de "medidas correctivas", según señaló su despacho en un comunicado.

La propuesta llega después de un caso de presunta violación de un estudiante por parte de sus compañeros que ha sacudido el país.

"No podemos tener a un agresor al costado del agredido. Esto no significa restringir el derecho de estudio al agresor, porque podría ir a un centro de educación básica alternativa o de manera remota", explicó Chang.

El ministro remarcó que una política de este tipo no busca únicamente sancionar, sino también "restablecer la autoridad y el orden, proteger a los estudiantes y garantizar que las escuelas sean espacios seguros para aprender".

Para cumplir con esos objetivos, se convocará al Colegio de Psicólogos del Perú, así como a especialistas y representantes de la comunidad educativa, para participar en la elaboración de las normas y medidas que prevenir, atender y responder ante los casos de violencia escolar, añadió.

El pasado 18 de septiembre, un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años cuando volvían en un autobús de participar en un torneo escolar de fútbol.

Todos los implicados eran estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que era administrado por la Marina de Guerra, y fueron internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, en el distrito de San Miguel.

Este caso generó una ola de indignación en el país y llevó a la denuncia de numerosos episodios de acoso y violencia en escuelas particulares del país, así como de la supuesta incidencia de racismo y clasismo en un centro de estudios administrado por la Marina.

Tras eso, el gobierno ordenó la reorganización del colegio y entregó su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año para garantizar "la protección integral de los estudiantes y en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, convivencia, prevención y atención de situaciones de violencia".

En su presentación de este lunes, Chang reiteró que se va a disponer que el director y los docentes de los colegios "recuperen la autoridad" y tengan la facultad de imponer sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas disciplinarias sin faltar a los derechos del estudiante. EFE