El abogado Jorge Petrozzi, defensor de la víctima del caso de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, adelantó que presentará en el transcurso de la próxima semana una denuncia penal contra los adultos que se encontraban a bordo del bus escolar en el que un adolescente de 16 años habría sido agredido sexualmente. “Los adultos no están en este momento siendo procesados. Nosotros vamos a presentar en el transcurso de la próxima semana una denuncia, porque esa tiene que ser ante el fiscal penal”, afirmó en entrevista con Beto a Saber.
Petrozzi precisó que el proceso contra los menores acusados avanza actualmente ante un fiscal de familia, mientras que la eventual responsabilidad de los adultos deberá tramitarse por una Fiscalía común. “Acá estamos en un tema todavía de fiscal de familia, porque es un asunto de menores. Pero con respecto a los mayores que no han hecho nada y que nosotros consideramos que tienen responsabilidad penal y civil en los hechos, lo vamos a estar haciendo en el transcurso de la próxima semana”, explicó.
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Según el relato del abogado, en el bus se encontraban el chofer, un profesor de Educación Física que cumplía funciones de entrenador y un profesor adicional que acompañaba a los estudiantes. Esa información coincide con lo señalado por la Defensoría del Pueblo, que confirmó que en el vehículo viajaban tres adultos, el chofer y dos representantes de la institución educativa.
Petrozzi consideró que el chofer no tendría responsabilidad penal en los hechos, a diferencia de los dos docentes. “El chofer no creo que tenga ninguna responsabilidad, la verdad, él estaba manejando el vehículo. Pudo, alguien dirá, haber parado, frenado, no lo sé”, señaló.
El abogado indicó que la denuncia contra los profesores se sustentaría en dos figuras penales: omisión de funciones y omisión de ayuda a una persona en peligro. Petrozzi señaló además que la condición de los docentes como trabajadores de una institución vinculada al Estado agravaría su situación legal.
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Cuestionamientos al colegio y la Marina
El abogado remarcó que ni el colegio ni la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, entidad que administra la institución educativa, presentaron una denuncia formal tras conocer lo ocurrido. “Nosotros no hemos tenido conocimiento hasta el momento ni que el colegio ni la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, que es la que rige a los colegios, ni la Marina como tal haya tomado alguna acción legal contra estos”, afirmó.
Petrozzi indicó que la denuncia que dio origen al caso fue presentada por el padre de la víctima, y no por las autoridades del plantel. Consideró, además, que el comunicado inicial difundido por el colegio, que calificó los hechos como una agresión física entre estudiantes, constituyó un intento de minimizar lo ocurrido. “Ese comunicado penoso que sacó el colegio indicando sobre las agresiones físicas sufridas por un alumno es una evidente intención de tapar el problema”, sostuvo, y agregó que la posterior destitución de la directora del plantel constituye un indicio de que la institución reconoció fallas en su actuación.
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