Exministro de Relaciones Exteriores alerta por tensiones con China en Chancay y defiende fiscalización de Ositrán

La disputa entre la empresa operadora del megapuerto de Chancay, Cosco Shipping Ports Chancay Perú, y el Estado peruano llegará al Tribunal Constitucional, luego de que el Poder Judicial admitiera el recurso presentado por la compañía. El caso definirá si Ositrán puede mantener sus facultades de supervisión sobre una infraestructura desarrollada mediante inversión privada y considerada estratégica para el comercio exterior.

En medio de esta controversia, el exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay cuestionó la posición asumida por la empresa china y consideró que una confrontación con las autoridades peruanas podría afectar la relación bilateral. Para el excanciller, el carácter privado del terminal no elimina las atribuciones que corresponden a los organismos del Estado cuando se trata de un servicio de uso público.

Las tensiones alrededor de las empresas chinas

Rodríguez Mackay sostuvo, en conversación con Infobae Perú, que China debería evaluar cuidadosamente la forma en que viene gestionando los intereses de sus empresas en el Perú, especialmente en el caso de Chancay.

“Creo que China debería sopesar de manera muy meditada esta situación y no recurrir a estos mecanismos leguleyos, que lo único que van a hacer es retrotraer la buena construcción que se ha hecho bilateralmente con el Perú”. Para el exministro, Ositrán cumple una función de supervisión que no implica intervenir en la propiedad privada ni desconocer las características de la inversión realizada.

La controversia adquirió una nueva dimensión luego de que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocara una sentencia favorable a Cosco y declarara improcedente la demanda de amparo presentada contra Ositrán. Posteriormente, la empresa interpuso un recurso de agravio constitucional, cuya admisión permitirá que el Tribunal Constitucional revise el caso.

Chancay llegará al Tribunal Constitucional

La admisión del recurso de Cosco abre una nueva etapa en la disputa por las facultades de Ositrán. El Tribunal Constitucional deberá analizar si el organismo puede ejercer plenamente sus funciones de supervisión, regulación y fiscalización sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, pese a que fue desarrollado bajo un esquema de inversión privada y no mediante una concesión estatal.

La posición de Cosco parte de que las condiciones bajo las cuales se desarrolló el proyecto no permitirían equiparar el terminal con una infraestructura entregada en concesión. La empresa sostiene que una aplicación amplia de las facultades regulatorias podría afectar principios vinculados con la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.

Ositrán, en cambio, sostiene que su competencia no depende de quién sea propietario de la infraestructura, sino del servicio que esta presta. Bajo ese criterio, el terminal forma parte de la infraestructura de transporte de uso público y, por su importancia dentro del sistema logístico y el comercio exterior, corresponde que el organismo ejerza funciones de supervisión.

El nuevo proceso constitucional no modifica las competencias actuales de Ositrán ni constituye todavía un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Sin embargo, la decisión que adopte el máximo intérprete de la Constitución podría establecer un criterio sobre los límites de la regulación estatal frente a proyectos privados de infraestructura.

Soberanía peruana frente a las empresas extranjeras

El excanciller también puso énfasis en el principio de soberanía y en la obligación de las compañías extranjeras de respetar las normas del país donde desarrollan sus actividades. Su posición cobra relevancia en un proceso en el que se discute precisamente hasta dónde pueden llegar las facultades regulatorias del Estado sobre una inversión extranjera.

“De ser cierto, sería una malísima instrucción de China a sus empresas en el mundo, que son muchas, porque eso sí podría significar un serio retroceso en el respeto de la soberanía de los Estados”, dijo a Infobae Perú. Rodríguez Mackay hizo esta afirmación al referirse a información sobre una disposición china dirigida a empresas con operaciones internacionales y que contemplaría mecanismos frente a sanciones consideradas injustas. El exministro precisó que no había revisado directamente el documento, sino las publicaciones difundidas sobre este asunto.

“Nadie que esté en el Perú puede ignorar las reglas del Perú. Nadie que se encuentre en el Perú puede ignorar que se encuentra en la soberanía de otro Estado”, afirmó. Para Rodríguez Mackay, este principio debe ser una condición básica en la relación entre el Estado peruano y las compañías extranjeras que operan en su territorio.

En el caso de Chancay, el Tribunal Constitucional deberá determinar cómo se relacionan los derechos asociados a la inversión privada con las potestades regulatorias del Estado sobre un servicio considerado de interés público.

Mientras el proceso constitucional continúa, Ositrán mantiene vigentes sus facultades sobre el terminal. La resolución que finalmente emita el Tribunal Constitucional no solo definirá el conflicto entre Cosco y el organismo regulador, sino que podría establecer un precedente para futuras inversiones privadas en infraestructura de uso público en el Perú.