Luego de permanecer más de un año recluido en el penal de Barbadillo, el expresidente Ollanta Humala Tasso recuperó su libertad, tras una orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que ejecutó el fallo del Tribunal Constitucional (TC). La decisión del máximo intérprete de la Constitución anuló la totalidad del proceso penal por lavado de activos derivado del caso Odebrecht seguido en su contra, al concluir, por cinco votos contra dos, que los hechos investigados no podían ser sancionados bajo ese delito, ya que la figura penal aplicada fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano recién en 2016.
La Sentencia N.° 169/2026, emitida por el TC, declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala al concluir que se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad. El TC determinó que los presuntos aportes para las campañas de 2006 y 2011 no podían ser investigados como lavado de activos con la legislación vigente en ese momento. Como consecuencia, quedó sin efecto la condena de 15 años de prisión impuesta en abril de 2025 y se ordenó el archivo definitivo de ese proceso.
No obstante, la excarcelación de Humala no pone fin a su situación judicial. Aunque el proceso por lavado de activos quedó cerrado y se levantaron las órdenes de captura dictadas en ese caso, el exmandatario aún afronta otros procesos judiciales por presuntos delitos como cohecho pasivo, negociación incompatible, homicidio calificado y desaparición forzada. Estas investigaciones y procesos continúan su trámite en el Poder Judicial y el Ministerio Público, aunque actualmente no pesan sobre el expresidente medidas de coerción que restrinjan su libertad.
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Gasoducto Sur Peruano: colusión agravada
El proceso más activo en términos procesales es el del caso Gasoducto Sur Peruano. El 3 de julio de 2026, el juez Leodan Cristóbal Ayala archivó la acusación por asociación ilícita contra Humala, su esposa Nadine Heredia y cuatro exministros —Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes—, con base en la aplicación de la Ley N.° 32108. El magistrado concluyó que el delito fin de la presunta organización era la colusión agravada, cuya pena mínima no superaba el umbral exigido por la norma para configurar organización criminal.
No obstante, el archivo de ese extremo no extingue la acusación por colusión agravada, que continúa en etapa de control de acusación. La fiscal Geovana Morí había solicitado 35 años de prisión para Humala y Heredia por ambos delitos. El juez dispuso además que los investigados permanezcan vinculados al proceso en su dimensión civil, para determinar una eventual reparación por daños al Estado peruano derivados del presunto ilícito.
Club de la Construcción y caso Olmos
Dos causas adicionales involucran a Humala en presuntos actos de corrupción durante su mandato. En el caso Club de la Construcción, el Ministerio Público lo investiga por cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir. La Fiscalía archivó en 2023 el delito de colusión agravada que inicialmente le atribuía en ese expediente, tras una recalificación de los hechos sustentada en nuevos elementos de convicción que modificaron la teoría del caso.
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En el caso Olmos, vinculado también a Odebrecht y a la concesión del Trasvase Olmos en Lambayeque, la hipótesis fiscal sostiene que Humala habría otorgado en 2012 recursos adicionales al Gobierno Regional de esa región para financiar perjuicios derivados de retrasos en la ejecución del proyecto con la constructora brasileña. Los presuntos delitos investigados son colusión agravada, cohecho pasivo y negociación incompatible. La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato solicitó que el exmandatario responda de forma solidaria por una reparación civil superior a los 181 millones de dólares, junto a otros expresidentes investigados en ese expediente.
Caso Madre Mía: crímenes de los años 90 bajo la lupa
El caso Madre Mía es el proceso de mayor gravedad que enfrenta Ollanta Humala. La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad lo investiga por los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada por hechos ocurridos en 1992, cuando comandaba el Batallón Contrasubversivo 313 en la base militar Madre Mía, en Huánuco, bajo el alias de “Capitán Carlos”. La investigación fue formalizada en noviembre de 2025 por presuntos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.
La causa comprende la muerte de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva, así como la desaparición de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga. Junto a Humala también son investigados cuatro exmilitares. El 14 de julio de 2026, el juez Jorge Chávez Tamariz amplió la investigación preparatoria por ocho meses, hasta el 24 de enero de 2027, a pedido del Ministerio Público. La decisión fue apelada por las defensas ante la Quinta Sala de Apelaciones Nacional.
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