El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Torres, informó que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazó la última solicitud de indulto para el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el Penal Barbadillo cumpliendo una condena de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.
En declaraciones a la prensa, Jiménez Torres indicó que la Comisión de Gracias Presidenciales sesionó en la mañana de este viernes 24 de julio y declaró improcedente el pedido a favor de Castillo que quedaba pendiente.
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“Fueron 17 solicitudes que se han presentado a lo largo de este tiempo. 14 fueron presentadas por terceras personas y no fueron admitidas. Las otras tres, dos fueron declaradas improcedentes por no haber subsanado el plazo. La que estaba pendiente es la que se ha evaluado el día de hoy y que ha sido declarada improcedente”, indicó.
Ante ello, dijo el titular de Justicia, su sector “ya se ha pronunciado sobre el fondo” y “no hay más que hablar sobre el tema”. “No hay ninguna gracia, ningún indulto y continuamos trabajando como siempre en las tareas para acercar la justicia a todos los peruanos”, sentenció.
El ministro Luis Jiménez indicó que se procederá a notificar la decisión a Pedro Castillo y “ahí culmina el proceso”.
ONU pide informe
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas otorgó al Estado peruano un nuevo plazo —hasta el 24 de septiembre de 2026— para presentar un informe sobre las garantías del juicio justo en el proceso penal contra el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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La exigencia llega después de que Perú incumpliera la fecha límite original, fijada para el 24 de marzo de 2026. En una carta del 29 de junio, la relatora especial para el Seguimiento de las Observaciones Finales, Yvonne Donders, dejó constancia de ese incumplimiento y formalizó el recordatorio ante la Misión Permanente del Perú en Ginebra, representada por el excanciller Elmer Schialer.
“El Comité ha observado que aún no se ha proporcionado la información solicitada y ha decidido enviar un recordatorio al Estado parte”, indica el documento.
El pedido tiene su raíz en el informe que el Comité emitió en marzo de 2023, en el que expresó preocupación por la crisis política y social desatada tras la intentona golpista de Castillo. En el párrafo 37 de ese documento, el organismo instó a Perú a garantizar que los procesos de vacancia presidencial respetaran el debido proceso y el equilibrio de poderes. También exigió que el proceso penal contra Castillo —entonces en prisión provisional— se desarrollara “con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo”.
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Por otro lado, esta semana, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación de su defensa y ratificó la ampliación de esa medida por 12 meses, con vencimiento el 8 de marzo de 2027. El tribunal sustentó la decisión en el riesgo de fuga —su familia reside en México, país que estaría dispuesto a concederle asilo—, la complejidad de la investigación y la magnitud de la presunta red criminal, que involucra a más de 90 personas, entre ellas exministros, en casos de corrupción vinculados a Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda.
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