La modificación del enfoque de la educación sexual en el Perú que sustituye la Educación Sexual Integral (ESI) por un modelo reducido a lo “científico, biológico y ético” representa un retroceso que pone en riesgo derechos fundamentales. La educación en sexualidad no es un tema accesorio ni ideológico: es una herramienta esencial para garantizar la salud, la autonomía y la dignidad de las infancias y juventudes.
Los datos exigen urgencia. La tasa de fertilidad adolescente en el Perú según el INEI 2023, se mantiene en torno a 43 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, una realidad que se traduce en abandono escolar, mayor pobreza y riesgos para la salud materna e infantil. Frente a este escenario, la evidencia internacional es contundente: la ESI definida por la UNESCO como un proceso que aborda los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad reduce embarazos no deseados, aumenta el uso de anticonceptivos y contribuye a prevenir infecciones de transmisión sexual cuando se implementa con calidad y continuidad. Organizaciones como UNICEF y OMEP insisten, además, en la necesidad de enfoques adecuados desde la primera infancia para promover límites, respeto y cuidado mutuo.
Sin embargo, el nuevo modelo deja fuera dimensiones que ningún dato biológico puede cubrir por sí solo: el consentimiento, la prevención de la violencia de género, la diversidad sexual, la salud reproductiva y las habilidades socioemocionales necesarias para tomar decisiones informadas. Esta omisión no es neutra. Cuando la escuela evita hablar de anticoncepción, orientación sexual o relaciones sanas, crea vacíos que se llenan con mitos, desinformación y estigmas. Limitar esos contenidos no protege a la infancia; la expone a riesgos evitables.
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La ESI es, además, una política de igualdad. En un país donde la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo alarmante, formar en igualdad de género y en relaciones no violentas constituye una medida preventiva imprescindible. La aparente neutralidad de un enfoque “solo biológico” invisibiliza las relaciones de poder y las normas sociales que perpetúan la discriminación. Del mismo modo, ignorar la existencia de estudiantes LGBTI+ no elimina su realidad: solo aumenta su vulnerabilidad. La escuela debe ser un espacio seguro para la diversidad, no un lugar que la censura.
La responsabilidad del Estado es clara: garantizar políticas educativas inclusivas, basadas en evidencia y en derechos humanos. Eso implica no solo emitir lineamientos, sino invertir en formación docente sostenida, desarrollar materiales pedagógicos que aborden temas sensibles con rigor y respeto, establecer protocolos de atención frente a la violencia y articular los centros educativos con servicios de salud amigables para adolescentes. La apelación a la “ética” no puede servir de excusa para la omisión: la verdadera ética educativa exige proteger la integridad de las personas y garantizar su acceso a información que permita decisiones libres y responsables.
Como ciudadanía activa, debemos exigir que las autoridades recuperen la integralidad del enfoque: una educación en sexualidad que sea científica, sí, pero también social, afectiva y basada en derechos, con perspectiva de género y con participación de niñas, niños y jóvenes en su diseño y evaluación. Restaurar la ESI no es una concesión ideológica; es una obligación del Estado frente a estándares internacionales y una inversión en el futuro. Defender la Educación Sexual Integral es defender la salud pública, la igualdad y la dignidad humana. No retrocedamos.
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