La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el próximo martes 26 de mayo la audiencia donde escuchará el recurso de reconsideración de José Domingo Pérez contra su no ratificación como fiscal provincial titular anticorrupción.
Como se recuerda, la Junta puso término en marzo de 2026 a la carrera de Pérez Gómez en el Ministerio Público. Los consejeros, por unanimidad, concluyeron que no se alcanzó la “convicción positiva” necesaria para renovar la confianza en su desempeño.
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Contra esa decisión, el exfiscal formuló una reconsideración, a fin de que la decisión sea revertida. La Junta escuchará sus argumentos el próximo martes. Luego decidirá si ratifica o no al exmagistrado. En este último escenario, no le quedará de otra que recurrir al Poder Judicial vía acción de amparo.
Organizaciones como CEJIL, APRODEH e IDL condenaron la decisión, señalando que se adoptó sin garantías básicas de debido proceso: no se le notificó el informe con los hechos utilizados para evaluarlo, no tuvo oportunidad de presentar objeciones y no se le escuchó en audiencia pública.
Tras su salida del Ministerio Público y sin que se haya resuelto la reconsideración contra su no ratificación, José Domingo Pérez asumió la defensa legal del golpista expresidente Pedro Castillo y se incorporó al equipo técnico del candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta.
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La no ratificación de José Domingo Pérez
El 19 de marzo de 2026, la JNJ votó por unanimidad para sacar a José Domingo Pérez del Ministerio Público. El fiscal de caso Cócteles, que llevaba 21 años en la institución, sacó 94 puntos sobre 100 en la evaluación técnica, pero esto no fue suficiente.
La JNJ revisó su carrera entre 2011 y 2026 y encontró tres problemas concretos. Primero, que el Tribunal Constitucional tuvo que anular una de sus acusaciones contra Keiko Fujimori porque, dicen, estaba mal construida y violaba el derecho de defensa de la imputada. Segundo, que Pérez participó en espacios académicos y plataformas digitales —incluido un canal de streaming propio— opinando sobre casos en curso y sobre otros actores del sistema judicial. Según la Junta, esas actividades superaron el límite de horas que la ley permite y no las declaró en sus informes, lo que incumple las reglas de dedicación exclusiva que rigen a los fiscales. Tercero, que existía una investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada a la compra de un vehículo y dos inmuebles. Sin embargo, dicha investigación fue archivada por el Poder Judicial a pedido del mismo fiscal superior que investigó al exintegrante del Equipo Especial Lava Jato.
A eso se sumaba que, en enero, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ya lo había suspendido (apartamiento preventivo del cargo) seis meses —acumulando en total diez meses de suspensión— por continuar interviniendo en el caso Cócteles cuando ya no tenía permitido hacerlo, según la sentencia de 2025 del Tribunal Constitucional.
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La ponencia final la presentó la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y los siete integrantes del pleno la respaldaron.
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