El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfrentará un juicio oral donde podría ser condenado a prisión por presuntamente falsear información de aportes de la campaña de su partido en 2020.
No es una posibilidad, sino que es una realidad. La acusación del Ministerio Público contra Sánchez ya avanzó hasta la última etapa de la etapa. La jueza del caso programó para el próximo miércoles 27 de mayo la audiencia donde emitirá el auto de enjuiciamiento. Esto será 11 días antes de la segunda vuelta.
El auto de enjuiciamiento es el documento formal con el que se autoriza el paso de la acusación fiscal al juicio oral. El Juzgado de Investigación Preparatoria entonces remitirá el expediente al tribunal de juzgamiento correspondiente para que este fije la fecha para dar inicio al juicio oral.
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Cabe precisar que la fecha para el inicio del juicio oral podría programarse para la segunda mitad del año, cuando ya se sepa quién será el nuevo presidente del Perú.
En el escenario de que Sánchez sea elegido jefe de Estado, el proceso penal por la presunta falsificación de información de aportes deberá suspenderse hasta el término de su mandato o hasta el momento en de que ejerza el cargo. Esto en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que limitó la investigación preliminar contra mandatarios en funciones.
Acusación
Según el reportaje de Cuarto Poder, la Fiscalía sostiene que Roberto Sánchez, en su rol como presidente del partido Juntos por el Perú, habría declarado aportes de campaña por cero soles ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, pese a que en realidad recibió 204.951 que nunca fueron reportados al organismo electoral. El caso tiene origen en irregularidades detectadas durante los procesos electorales de 2018 y 2020.
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Las pesquisas fiscales revelan que los aportes de los militantes no ingresaron a las cuentas oficiales del partido, sino a cuentas personales de personas cercanas a Sánchez, entre ellas su hermano William y el propio candidato. En total, la investigación apunta a un desvío de aproximadamente 280 mil soles. Según la resolución judicial mostrada por el programa: “Se imputa al procesado Roberto Sánchez Palomino, en calidad de autor, que parte de ese dinero recaudado habría sido transferido a su cuenta personal para ser utilizado en su provecho en evidente perjuicio de la organización política”.
El reportaje también recoge el testimonio de Leandro Cerna, exdirigente de Juntos por el Perú, quien afirmó que Sánchez “se apoderó del partido” y “nunca transparentó las cuentas”. Entre las irregularidades adicionales, se identificaron aportes no monetarios inexistentes por 27.400 en 2020, vinculados al supuesto uso de un local partidario cuyo presunto aportante negó haber ofrecido.
Por todo ello, se le imputa a Roberto Sánchez el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. “El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”, define así este delito el Código Penal.
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