La Policía Nacional y el Ministerio Público lograron la detención de diez integrantes de una organización criminal conocida como 'Los Elegantes de Lima’, responsables de usurpar inmuebles y alquilar predios a comerciantes en el Cercado de Lima y otros puntos del país. Según reportó América Noticias, la red identificaba propiedades abandonadas, falsificaba documentos y lograba inscribir estos bienes a nombre de sus miembros, con apoyo de funcionarios públicos.
Esta organización seleccionaba inmuebles desocupados o en aparente abandono, pero también era importante la participación de funcionarios. Un trabajador de Sedapal colaboraba en la identificación de suministros de agua sin movimiento, lo que facilitaba la selección de los predios.
Una vez localizados, la banda recurría a un abogado apodado “Pedro”, encargado de actuar como representante de supuestos dueños. Este operador falsificaba documentos notariales y poderes para simular ventas, cesiones o donaciones, lo que permitía controlar las propiedades ilícitamente.
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El proceso incluía la participación de una funcionaria de Sunarp que inscribía las escrituras públicas adulteradas. Un especialista legal del Poder Judicial, identificado como “José”, coordinaba con la cúpula de la organización y manipulaba procesos civiles, influenciando a colegas y asistentes judiciales e incluso interviniendo en decisiones de magistrados. El director de Archivos Notariales y Judiciales del Archivo General de la Nación, identificado como “Raúl”, también aparece vinculado, emitiendo testimonios y escrituras públicas falsas.
A la organización se le atribuyen delitos de usurpación, falsificación de documentos, cohecho pasivo propio y sicariato. Las investigaciones policiales vinculan a 'Los Elegantes de Lima’ con dos asesinatos ocurridos en 2024: el de Daniel Fernando Castillo Díaz, antiguo cabecilla de la banda, y el de Julio César Pacheco Pimentel, profesor del colegio Julio César Tello, quien fue asesinado frente a los alumnos en plena luz del día.
Ambos crímenes se relacionan con disputas internas y el control de propiedades obtenidas fraudulentamente.
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Impacto en comerciantes y situación de los inmuebles
Durante la intervención policial, decenas de comerciantes que ocupaban los predios afectados se vieron obligados a desalojar. Muchos de los arrendatarios desconocían la verdadera identidad de los propietarios y realizaban pagos mensuales de entre 500 y 600 soles a personas identificadas solo por apodos como ‘El Chato’ o ‘E Gordo’.
En una de las galerías intervenidas, se calculó la existencia de entre 30 y 35 puestos en el primer piso y hasta 200 stands sumando los tres niveles. Los comerciantes, algunos con más de una década pagando alquiler, expresaron preocupación por el futuro de su mercadería y sus actividades económicas.
Los inmuebles recuperados tras la desarticulación de la banda ‘Los Elegantes de Lima’ serán transferidos a la Beneficencia de Lima conforme dispuso el Ministerio Público. Durante los operativos, representantes de la institución participaron en la supervisión, aunque aún no se ha determinado el uso final de los predios. Las acciones policiales continúan en otras zonas como Lambayeque y Ayacucho, donde la organización habría replicado su esquema delictivo. Mientras tanto, fiscales y agentes municipales permitieron que los comerciantes afectados retiraran su mercadería antes de la toma oficial de los locales por parte del Estado.
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