Cada mañana, millones de padres y madres de familia llevan a sus hijos a clases, en colegios rodeados de pistas inseguras, cruces peligrosos y conductores que muchas veces olvidan que detrás de cada uniforme escolar hay una vida, una familia y un futuro. Hemos normalizado esta realidad.
En nuestro país, más de 300 niños y adolescentes perdieron la vida en siniestros viales y más de 6,800 resultaron heridos durante el 2025, según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Detrás de cada número hay una historia interrumpida, una familia destruida y una pregunta que como sociedad seguimos evitando responder: ¿cuántos niños más deben morir para reaccionar? La respuesta debería ser evidente: ninguno.
Cuando un niño pierde la vida en las calles, no estamos frente a un accidente inevitable. Estamos frente al resultado de múltiples decisiones equivocadas y omisiones acumuladas: infraestructura deficiente, ausencia de fiscalización, falta de educación vial, ciudades diseñadas para vehículos y no para personas, y una peligrosa tolerancia colectiva hacia la imprudencia. La indiferencia también atropella.
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Durante años, la seguridad vial ha sido tratada como un asunto secundario dentro de la agenda pública. Basta revisar los recientes planes de gobierno presentados durante el proceso electoral para comprobar que, salvo excepciones, este tema prácticamente no existe como prioridad nacional. Y esa omisión tiene consecuencias reales.
Un país que no coloca la seguridad de sus niños en el centro de sus decisiones está fallando como sociedad.
La seguridad vial infantil no debe entenderse únicamente como un tema técnico o de transporte. Es, sobre todo, un problema de salud pública, planificación urbana, educación y liderazgo político. No se trata únicamente de reducir cifras, se trata de proteger vidas.
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Hoy, miles de niños caminan diariamente por rutas escolares inseguras, sin veredas o señalización adecuadas, sin control efectivo de velocidad y muchas veces sin iluminación mínima. De acuerdo con análisis realizados recientemente, uno de cada dos colegios en Lima Metropolitana requiere mejoras urgentes en infraestructura vial y condiciones de seguridad en sus alrededores.
En este contexto, el Touring y Automóvil Club del Perú –junto con UNITAR, la FIA y escolares de la campaña “Voces Pequeñas, Caminos Seguros”– impulsó un compromiso histórico: lograr que 18 partidos políticos asuman públicamente la necesidad de reincorporar la educación vial en los colegios y promover medidas concretas para proteger a la niñez en las vías. Ese es un primer paso importante, pero claramente insuficiente.
El Perú necesita convertir la seguridad vial infantil en una política de Estado sostenida, transversal y medible. Necesitamos alcaldes que prioricen entornos escolares seguros, autoridades que entiendan que reducir la velocidad salva vidas, colegios que formen ciudadanos responsables desde temprana edad y conductores conscientes de que una imprudencia puede destruir una familia en segundos. Pero también necesitamos algo más profundo: recuperar la sensibilidad.
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No podemos acostumbrarnos a ver noticias de niños atropellados como si fueran parte inevitable de la rutina urbana. No podemos aceptar que el miedo acompañe diariamente a miles de padres cuando sus hijos salen rumbo al colegio. La seguridad vial infantil no puede seguir siendo la última rueda del coche.
Las futuras autoridades del país tienen hoy una enorme responsabilidad: decidir si seguirán administrando la indiferencia o si finalmente colocarán la vida y la protección de la infancia como prioridad nacional.
El verdadero desarrollo de un país no se mide únicamente por su crecimiento económico, sino por la capacidad de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Y pocas responsabilidades son más importantes que proteger a nuestros niños.
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Porque cada niño que muere en nuestras vías no representa solamente una tragedia familiar. Representa también un fracaso colectivo que ya no admite más excusas ni postergaciones. No frenemos sus sueños. Frenemos la indiferencia. Y hagamos del Perú un país donde los niños puedan volver seguros a casa.