Falsa soberanía

El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, plantea impulsar la “soberanía productiva” a partir de, entre otras medidas, la sustitución de importaciones consideradas “estratégicas”. El planteamiento no es nuevo. Tampoco lo son sus resultados.

La idea de reemplazar importaciones para desarrollar una industria nacional tiene larga data en América Latina. Se sustenta en la premisa de que los países en desarrollo, al exportar materias primas e importar bienes manufacturados, enfrentan un deterioro en sus términos de intercambio y, por tanto, deben proteger su mercado interno. Bajo esa lógica, se promovieron políticas de altos aranceles, restricciones cuantitativas, licencias y prohibiciones para importar.

El Perú aplicó este modelo con intensidad entre las décadas de los setenta y ochenta. La intención era clara: industrializar el país y reducir la dependencia del exterior. En la práctica, los resultados fueron pobres. Entre 1970 y 1990, la economía peruana creció apenas 1.3% anual, por debajo del crecimiento poblacional. La industria manufacturera, pese a contar con elevados niveles de protección, registró un crecimiento promedio de solo 0.7% anual.

Lejos de consolidar una industria sólida, se configuró una estructura productiva débil, poco competitiva y altamente dependiente del apoyo estatal. Las empresas no enfrentaban competencia externa, pero tampoco tenían incentivos para innovar, mejorar productividad o reducir costos. Sobrevivían no por eficiencia, sino por el resguardo del Estado.

El costo de esta política fue asumido por los consumidores: menos opciones, productos de menor calidad y precios más altos. La sustitución de importaciones no generó bienestar; lo restringió. Además, el aislamiento limitó el acceso del país a avances tecnológicos, bienes intermedios y procesos productivos que se desarrollaban en el mundo. En lugar de cerrar brechas, el Perú se rezagó aún más.

Tampoco se logró el objetivo de fortalecer las exportaciones. Por el contrario, el sesgo hacia el mercado interno debilitó la capacidad del país para insertarse en mercados internacionales. Se perdió tiempo valioso en un contexto global en el que otras economías optaban por integrarse, competir y ganar escala. No es casualidad que se diga que Chile nos lleva décadas de ventaja: sus reformas promercado se iniciaron en los años setenta.

La experiencia no es exclusiva del Perú. Diversos países que aplicaron esquemas similares enfrentaron resultados comparables: industrias poco eficientes, dependencia de subsidios y bajo crecimiento. Por ello, desde hace décadas, la evidencia económica ha sido consistente en señalar los límites de estas políticas.

En ese contexto, resulta preocupante que hoy se retome este enfoque, incluso bajo nuevos conceptos como “soberanía productiva”. Más aún cuando no se especifica qué importaciones serían consideradas “estratégicas”, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales —coloquialmente, “a dedo”— y a potenciales distorsiones en los mercados.

El problema no es la apertura. Es la falta de competitividad para aprovecharla mejor. Pretender corregir ese problema cerrando la economía es un error. Lo que el país necesita es justamente lo contrario: más eficiencia, menos trabas, mejor infraestructura y mayor productividad.

El Perú ya recorrió el camino de la sustitución de importaciones. Los resultados están documentados. Insistir en esa dirección no fortalece la economía; la debilita. Porque cerrar la economía no es construir soberanía. Es, en realidad, una falsa soberanía que el país ya pagó caro.